Apena había pisado suelo peruano para responder ante la justicia peruana después de varios años en Estados Unidos cuando Alejandro Toledo se enteró que el Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima había admitido a trámite esta semana una demanda de extinción de dominio contra ocho bienes inmuebles a nombre suyo, de su esposa Eliane Karp y de su suegra Eva Fernenbug.
La Fiscalía pide que esos bienes, así como una cuenta bancaria de US$ 42 mil 237 a nombre de Fernenbug, pasen a propiedad del Estado, pues estos tendrían origen ilícito por presuntos actos de corrupción y lavado de activos provenientes de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht.
Según la tesis fiscal los bienes cuya afectación se solicitan, “se vinculan a actividades ilícitas que se desarrollaron en el contexto de una organización criminal de alcance internacional”.
¿Cuáles son estos inmuebles?
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio solicita que la casa donde el expresidente solía veranear, en el balneario de Punta Sal, en Tumbes, se declare de manera definitiva como un bien a favor del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
Ese inmueble ha sido incautado al menos dos veces por las investigaciones contra Toledo y su entorno por el Caso Ecoteva.
En el 2017, la defensa de Toledo aseguró que el inmueble fue adquirido con recursos de Toledo, con financiamiento bancario y con un préstamo personal del empresario Joseph Maiman, quien era amigo de la familia.
Maiman falleció en el 2021, a los 75 años, pero antes se acogió a la colaboración eficaz y llegó a confesar que recibió coimas de Odebrecht a favor de Toledo mediante sociedades y firmas vinculadas a su nombre en el extranjero.
La residencia del exmandatario en la urbanización Camacho, en La Molina, es otro de los bienes inmuebles incluidos en el pedido fiscal y ya se encuentra incautada por el Caso Ecoteva.
El domingo pasado, cuando Toledo pasó por control de identidad, dio la dirección de esa casa al ser consultado por su vivienda en Lima, aunque no la recordaba bien tras haber pasado varios años viviendo en California.
La demanda de extinción de dominio que incluye la casa en Camacho se da en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1373, dirigida específicamente contra bienes y fortunas adquiridas presuntamente como producto de actividades ilícitas.
Una oficina ubicada en el edificio Omega, en la cuadra dos de la avenida Manuel Holguín, en Surco, también figura en la lista de bienes considerados en el trámite de extinción de dominio.
La suegra del expresidente adquirió esa oficina por US$ 882 mil, aunque un representante de la empresa que la vendió dijo en el 2013, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que fue Toledo quien negoció el precio.
En el mismo edificio Omega, Fernenbug adquirió tres estacionamientos y un depósito, también considerados en la demanda de extinción de dominio.
Fernenbug fue presidenta del directorio de Ecoteva Consulting Group, una ‘offshore’ creada el 23 de enero del 2012 en Costa Rica con un capital de tres dólares, pero que luego llegó a tener US$17 millones en sus cuentas y fue creada exclusivamente para compras inmobiliarias.
La compra de un inmueble de 2500 metros cuadrados en la calle Cascajal, en la urbanización Las Casuarinas, Surco, fue la que dio inicio a la investigación por el Caso Ecoteva.
En el 2013, Toledo intentó justificar la compra de esa propiedad, por casi US$ 4 millones, asegurando que su suegra era sobreviviente del Holocausto y que el dinero con el que adquirió la casa era la acumulación de la indemnización que el Gobierno alemán le daba mes a mes.
“Ella es una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido tres generaciones, no tiene a nadie porque los llevaron los nazis. Ha acumulado su dinero de toda su vida. [...] Todo está en regla. Pero porque es la suegra de Alejandro Toledo es dinero oscuro”, declaró el expresidente a ‘Cuarto poder’ aquella vez.
No obstante, cuando se descubrieron más compras de inmuebles por Fernenbug, mediante Ecoteva, Toledo cambió de versión y aseguró que el dinero provenía de un crédito hipotecario.
Contenido GEC