La Fiscalía General de Estados Unidos solicitó al Tribunal del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de California que rechace el “último esfuerzo” del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir 35 millones de dólares en coimas de Odebrecht, por retrasar su extradición al Perú.
Mediante un escrito con fecha del 17 de abril, el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite le pidió tribunal denegar los 21 días adicionales el exmandatario había solicitado para mantener suspendida su extradición.
“Esta Corte concedió a Toledo 14 días de suspensión de la extradición hasta el 20 de abril del 2023 a su propuesta. Ahora Toledo no solo quiere la reconsideración, sino adicionar 21 días de suspensión. Como se ha discutido, Toledo no ha logrado establecer que cumple con el criterio de esta Corte para la reconsideración. Esta Corte puede decidir sobre el pedido de Toledo dentro de lo programado y debería rechazar el último esfuerzo de Toledo por retrasar su extradición”, se lee en el documento difundido hoy.
Como se recuerda, el pasado 6 de abril se anuló una orden de detención contra Toledo Manrique por parte del juez Thomas S. Hixson, quien había dispuesto su internamiento en un penal de EE.UU., a fin de ejecutar su deportación hacia el Perú para que afronte el proceso seguido en su contra por el Caso Interoceánica.
La nulidad se dio luego de que el Noveno Circuito amparó un pedido de Toledo para suspender provisionalmente su extradición con miras a interponer una reconsideración a la negativa del tribunal para que permanezca en dicho país.
Al exgobernante se le imputa haber recibido las millonarias coimas de la empresa Odebrecht a cambio de concederle la construcción de la carretera Interoceánica su durante su mandato (2001-2006).
El expresidente reapareció de manera virtual, este lunes, en la audiencia de control de acusación por el Caso Interoceánica, por el cual se aprobó su extradición de Estados Unidos.
El exmandatario aseguró que actualmente se desempeña como “investigador de Ciencias Sociales” en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.
Luego de que el Departamento de Estado de EE. UU. decidió deportarlo a Perú y, cuando su extradición parecía ya inevitable, el expresidente Alejandro Toledo decidió prescindir de los servicios de Jodi Linker, la abogada gratuita que le proporcionó la justicia de ese país, y contrató al costoso bufete Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr, el cual tuvo antes como socio nada menos que al exembajador peruano Roberto Dañino, quien fuera primer ministro durante su gobierno.
Los abogados que le ha asignado este prestigioso estudio son realmente de lujo y cobran como tales. David W. Bowker cobra 850 dólares la hora y Kelsey Quigley 490 de la moneda estadounidense por cada 60 minutos.
Según fuentes cercanas al exmandatario, su expresidente del Consejo de Ministros Roberto Dañino Zapata sería quien le recomendó a Toledo contratar los servicios de dichos abogados, ante lo difícil de su situación jurídica.
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