TODAVÍA NO LA LIBRA. La empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A formalizó ante el Poder Judicial una demanda contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, y otras cinco personas luego de que estas fueron beneficiadas con el archivo de su proceso penal por estafa al pedir la aplicación de la Ley N°31751 (Ley de prescripción).
A través de un documento, al que accedió el diario ‘El Comercio’, la empresa solicitó un monto global de S/1′371.981,58 por cinco hechos imputados en contra del parlamentario y sus codemandados.
Cabe recordar que Soto Reyes fue uno de los procesados que pidió ser beneficiado con la referida ley semanas después de que el Legislativo aprobó la norma y el Ejecutivo la promulgó.
Ante ello, el pasado 24 de julio, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso declarar prescrita la acción penal en contra de los acusados que venían afrontando un juicio oral.
El Ministerio Público había solicitado ocho años y ocho meses de cárcel para actual presidente del Congreso.
Según ‘El Comercio’, antes del citado dispositivo legal, Soto había intentado archivar hasta cuatro veces su proceso judicial; sin embargo no lo había logrado puesto que el juzgado había determinado que los hechos cometidos eran materia de persecución penal para su aclaración.
Si bien el proceso penal ya fue declarado prescrito por el Poder Judicial; y hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado apelación, la defensa de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A interpuso este último lunes la demanda por daños y perjuicios, solicitando una reparación civil.
La denuncia también incluye a Mario Justo Sequeiros Fajardo, Juan José Durand Gonzales, José Carlos Quenta Escalante, Datne Flores Medina y Marco Antonio Quenta Escalante.
El actual presidente del Congreso ha sido comprendido en dos de los cuatro hechos señalados en la demanda, por lo que el monto aproximado que le correspondería sería de S/84 mil 436,92 respecto del global solicitado.
En el primero, se le imputa a Soto Reyes que en el 2014, en calidad de asesor legal de la empresa, haberse contratado para la elaboración de un estatuto, por el cual se autopagó la suma de S/10 mil sin que haya cumplido con el servicio profesional por el cual se suscribió el contrato.
Por este hecho, la empresa ha solicitado que Soto Reyes pague la suma de S/36 558,33 por concepto de reparación civil por indemnización de daños y perjuicios ocasionados.
En otro hecho, el congresista de Alianza Por el Progreso (APP) es sindicado de haber comprado un terreno de 640,61 m2 por el valor de US$5 mil y haberlo vendido a través de un tercero (Juan José Durand Gonzales, quien actuó como “supuesto corredor de la Empresa Inmobiliaria Los Faros”) a la empresa Waynapicchu S.A por el monto de US$265 mil, indicando que el terreno era de 879,9 m2.
Por ello, el representante legal de Waynapicchu S.A ha solicitado que Soto y otros cinco demandados paguen la suma de S/287 mil 271,54 por concepto de reparación civil por indemnización de daños y perjuicios ocasionados en calidad de responsables solidarios.
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