La empresa de transporte público Translima paralizó todas sus operaciones luego de que un delincuente lanzara un artefacto explosivo contra uno de sus buses en San Martín de Porres. El ataque fue grabado por el propio agresor y enviado por WhatsApp a los trabajadores de la compañía, que denuncian ser víctimas de extorsiones por parte de seis organizaciones criminales que les exigen pagos diarios y fuertes sumas de dinero para permitir que sus unidades continúen prestando servicio.
El atentado ocurrió en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte. De acuerdo con la información oficial, el responsable registró en video el momento del ataque y posteriormente hizo llegar las imágenes a los teléfonos celulares de choferes y cobradores.
Los trabajadores indicaron que el explosivo llevaba la firma de la organización criminal denominada ‘Centauro’, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables del atentado.
La empresa decidió detener por completo el servicio al considerar que las amenazas y los ataques ya no permiten garantizar la seguridad de sus conductores, cobradores y pasajeros.
Representantes de Translima señalaron que la empresa opera con una flota de 60 buses y que, desde el año pasado, paga S/55 diarios por cada unidad a cuatro organizaciones criminales identificadas como ‘Centauro’, ‘Tren de Aragua’, ‘Los Norteños’, ‘Los Papis’ y ‘Los Albaneses’. Según explicaron, esos pagos se realizaban para evitar atentados contra el personal.
Sin embargo, la situación se agravó en las últimas semanas. De acuerdo con los transportistas, dos nuevas bandas comenzaron a exigir dinero para permitirles seguir trabajando.
Uno de los afectados indicó que una de esas organizaciones pidió S/30 000 como cuota de inscripción, además de S/20 diarios por cada vehículo. El otro grupo exigió S/50 000 por concepto de inscripción y un pago diario de S/15 por unidad.
Los representantes de la empresa afirmaron que la negativa a aceptar esas nuevas exigencias habría motivado el atentado con explosivos registrado en San Martín de Porres. También sostuvieron que la acumulación de cobros terminó haciendo inviable mantener el servicio.
Los registros policiales muestran que Translima ya había sido blanco de ataques en años anteriores. El 21 de junio de 2025, delincuentes asesinaron al conductor Marcial Oré Huatuco cuando salía del depósito ubicado entre las avenidas Izaguirre y Bertello para iniciar su jornada laboral.
Dos meses después, otro chofer de la misma empresa murió en un nuevo ataque armado ocurrido en la zona limítrofe entre San Martín de Porres y el Callao. La violencia volvió a repetirse el 28 de julio de este año, cuando un bus de la línea 18 recibió varios disparos mientras recorría Carabayllo con pasajeros a bordo. En ese hecho no se registraron fallecidos ni heridos de gravedad.
Frente a esta situación, los transportistas solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas y un mayor despliegue policial en los paraderos iniciales y finales de sus rutas para enfrentar a las organizaciones criminales.
Tras el reciente atentado, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que los operativos contra la extorsión en el transporte público serán permanentes y se ejecutarán todos los días en las zonas consideradas críticas.
Durante una intervención realizada en Puente Piedra junto con la ATU y el Ministerio Público, la Policía capturó a tres presuntos extorsionadores, uno de los cuales registraba antecedentes por extorsión y tenencia ilegal de armas. Asimismo, indicó que continúan las coordinaciones con las Fuerzas Armadas como parte de la nueva estrategia de seguridad anunciada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado.
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