¡GRAVES REVELACIONES! La denuncia de una presunta agresión sexual contra una escolar de 15 años, que habría sido cometida por ocho de sus compañeros en un colegio de Talara, Piura, continúa generando indignación. Un nuevo informe de América Noticias reveló que las autoridades educativas reconocieron fallas en los protocolos de atención del caso y que no se habría actuado oportunamente tras conocerse la denuncia.
Según el reporte periodístico, los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de octubre, cuando la adolescente presuntamente fue agredida por un grupo de estudiantes de entre 15 y 16 años. La madre de la menor acudió ese mismo día a la comisaría de Talara para denunciar lo sucedido.
Al día siguiente, la dependencia policial solicitó al Ministerio Público que se practicara un reconocimiento médico legal y pericias psicológicas a la estudiante. Sin embargo, las investigaciones no registraron avances significativos durante el feriado y el fin de semana, según el informe.
Recién esta semana, cuando el caso se hizo público, comenzaron a conocerse nuevos detalles de las diligencias. El miércoles se obtuvieron los resultados de las evaluaciones practicadas a la adolescente.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la actuación de las autoridades educativas después de conocerse la denuncia.
El asesor legal de la UGEL Talara reconoció que existieron deficiencias en los protocolos establecidos para atender este tipo de situaciones dentro de las instituciones educativas.
Según explicó, las autoridades administrativas del colegio no habrían actuado de manera oportuna, por lo que su actuación también se encuentra bajo investigación.
Estas revelaciones han generado cuestionamientos sobre la respuesta de la institución educativa frente a una denuncia de presunta violencia sexual que involucra a estudiantes menores de edad.
El director de la institución educativa también se pronunció sobre lo sucedido el pasado 6 de octubre y explicó que, después del recreo, la profesora que debía ingresar al aula no se presentó.
Según indicó, la docente se ausentó por motivos de salud, pero no comunicó oportunamente que no asistiría a clases.
El director sostuvo que, durante aquella jornada, las actividades aparentemente transcurrieron con normalidad y que no recibió ninguna denuncia ni reporte de testigos sobre un presunto ataque dentro del colegio.
No obstante, las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante el periodo en el que los estudiantes habrían permanecido sin la supervisión de la profesora y si existieron omisiones en las medidas de vigilancia y protección.
La UGEL Talara informó que, según la denuncia presentada por la madre, ocho estudiantes de entre 15 y 16 años estarían involucrados en la presunta agresión, entre ellos dos adolescentes mujeres.
Tras conocerse el caso, las autoridades educativas comenzaron a brindar asistencia psicológica tanto a la estudiante denunciante como a su madre.
Sin embargo, por decisión de su progenitora, la adolescente dejó de asistir a clases mientras continúan las investigaciones.
En contraste, los ocho escolares señalados en la denuncia siguen acudiendo a la institución educativa, según lo informado por América Noticias.
Esta situación ha puesto nuevamente bajo cuestionamiento las medidas de protección y acompañamiento que deben implementarse para garantizar el bienestar de los estudiantes involucrados.
En medio de las investigaciones, un grupo de cuatro madres de los adolescentes señalados en la denuncia se acercó al equipo periodístico de América Noticias para brindar su versión de los hechos.
Las mujeres reconocieron que sus hijos pueden tener comportamientos inquietos y realizar travesuras propias de su edad, pero rechazaron que sean capaces de cometer una agresión sexual como la denunciada.
Asimismo, solicitaron que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Las madres insistieron en que no se debe emitir un juicio anticipado contra sus hijos mientras las autoridades competentes continúan reuniendo elementos de prueba.
Por su parte, el Ministerio Público deberá evaluar los resultados de las pericias médico-legales y psicológicas, así como los testimonios y demás evidencias, para determinar qué ocurrió el pasado 6 de octubre.
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