Un joven vecino de San Juan de Lurigancho vive una pesadilla que comenzó en octubre. Todo empezó con un mensaje en su celular, donde unos desconocidos lo acusaban de haber solicitado servicios en una casa de citas. Él negó de inmediato la versión, pero los sujetos fueron más allá: le enviaron información personal suya y de sus familiares, un detalle que lo hizo entrar en pánico.
“Me mandaron los nombres de mis padres, mis tíos y mis parientes. Eso debería estar protegido”, relató a Buenos Días Perú. La precisión de los datos lo convenció de que no se trataba de una simple broma.
Los extorsionadores exigieron S/1000 a cambio de “borrarlo” de una supuesta base de datos. Junto al mensaje, enviaron videos donde exhibían armas largas y granadas, advirtiéndole que, si no pagaba, atentarían contra su familia. Atemorizado, el joven hizo el depósito. Pero el alivio duró poco: enseguida le pidieron otros S/1000 más para completar la “multa”.
Tras cumplir con el segundo pago, los delincuentes le aseguraron que su información sería eliminada. Sin embargo, minutos después volvió a sonar su celular. Esta vez exigían S/2000 adicionales para borrar los datos de sus familiares.
El agraviado decidió cortar todo contacto. Bloqueó los números y, casi de inmediato, llegaron nuevas amenazas. “Si no resolvemos por las buenas, será por las malas”, le advirtieron desde mensajes de WhatsApp con códigos internacionales.
Las llamadas y mensajes provenían de números registrados en Paraguay, Panamá y República Dominicana. El joven buscó ayuda. Acudió a la Dirincri, donde le dijeron que parecía un caso de estafa cibernética. Lo derivaron a otra unidad policial, pero allí le indicaron lo contrario y lo enviaron de regreso. Nadie tomó su declaración.
“Fui de un lado a otro. Me dieron un número de celular para emergencias, pero nunca respondieron”, contó indignado. El trabajador confesó que ya había tomado medidas de seguridad por su cuenta, pues teme por la integridad de su familia.
Durante su testimonio, señaló que no entiende cómo los delincuentes obtuvieron sus datos personales. “Mayormente uso el celular solo para temas laborales. No sé cómo consiguieron mi información, pero lo más grave fue que tenían los nombres de todos mis parientes”, dijo.
El calvario continuó en las dependencias policiales. Cuando intentó dejar constancia de los pagos y los números desde donde lo amenazaban, le respondieron que no podían tipificar el delito. “Me dijeron que parecía una estafa, no extorsión. Incluso me dieron un número para llamar si pasaba algo, pero nunca contestaron”, afirmó.
El joven relató que fue derivado al área de ciberdelincuencia, donde tampoco recibió apoyo. “Fui pensando que me iban a atender, pero honestamente no lo hicieron. Llamé al número que me dieron y ni siquiera me respondieron”, agregó.
Mientras tanto, los mensajes intimidantes continúan circulando. Los delincuentes utilizan cuentas bancarias y líneas telefónicas que, según los especialistas del programa, están registradas con DNI de personas reales.
El caso ha evidenciado nuevamente la facilidad con la que las organizaciones criminales internacionales acceden a información personal y operan desde el extranjero para extorsionar a ciudadanos comunes.
El joven, que pidió mantener su identidad en reserva, solo busca justicia y seguridad. “No quiero más llamadas, no quiero más amenazas. Solo quiero que esto termine”, expresó.
Contenido GEC