El colegio estatal Micaela Bastidas, ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho, vive horas de zozobra luego de convertirse en blanco de la banda criminal del ‘Loco Aroni’. Según denunció la comunidad educativa, los extorsionadores exigen el pago de 20 mil soles al director y a los padres de familia para no atentar contra estudiantes ni docentes.
La amenaza ha alterado la vida de más de mil alumnos de primaria, secundaria y del programa de Educación Básica Alternativa (CEBA). De un momento a otro, la rutina escolar se transformó en miedo e incertidumbre. Los extorsionadores enviaron mensajes intimidatorios en los que advertían que conocían los movimientos de la entonces directora y de los maestros.
Uno de los textos enviados al celular de la exdirectora decía: “Directora del colegio Micaela, le habla la organización, la batería del Loco Aroni, para pedir una colaboración de 20 000 soles para la tranquilidad suya y la de sus alumnos. No queremos causar daño en su familia”. Ante la presión y el hostigamiento, la funcionaria renunció al cargo, dejando la institución en medio de la alarma generalizada.
Tras la salida de la directora, un nuevo responsable asumió la conducción del plantel. Sin embargo, el clima de violencia lo obligó a suspender las clases presenciales y trasladar toda la enseñanza a la modalidad virtual. La medida busca proteger a los estudiantes, pero ha generado polémica con la UGEL 05, que exige el regreso inmediato a las aulas físicas.
“¿Qué le pueden sacar a un colegio? ¿Computadoras donadas por el Estado?”, reclamó indignada una madre de familia, cuestionando la falta de apoyo de las autoridades. Los padres aseguran que la exigencia de la UGEL los pone en una situación imposible: enviar a sus hijos a un colegio amenazado o mantenerlos en casa, perdiendo clases presenciales.
Mientras tanto, las familias viven con el temor de que un ataque pueda ocurrir en cualquier momento. “Nos están pidiendo que mandemos a nuestros hijos al colegio, pero no nos dan garantías. ¿Quién nos asegura que estarán a salvo?”, señaló otro padre en medio de la incertidumbre.
Las clases, por ahora, se mantienen en modalidad virtual, mientras la comunidad educativa exige garantías de seguridad al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Nadie quiere que la extorsión termine en tragedia.
El caso del colegio Micaela Bastidas se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad de las escuelas públicas frente al avance del crimen organizado en Lima Este. Padres, alumnos y maestros reclaman que no los dejen solos ante el poder de las mafias que, esta vez, han puesto a la niñez en la mira.
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