Más de 35 teléfonos celulares, además de drogas y armas blancas, fueron encontrados durante una requisa realizada en el penal Ancón I, donde las autoridades intervinieron celdas y áreas comunes vinculadas a internos relacionados con organizaciones criminales, entre ellos reclusos que integrarían ‘La Confederación’.
La intervención se ejecutó durante la madrugada y estuvo dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El despliegue comprendió el registro total del pabellón 1, según informaron voceros del Ministerio del Interior. Los agentes revisaron dormitorios, pasadizos, celdas y espacios compartidos en busca de equipos de comunicación y otros objetos cuya posesión está prohibida dentro de un establecimiento penitenciario.
La búsqueda permitió descubrir más de 35 celulares con sus respectivos chips. Algunos aparatos habían sido ocultados dentro de medias deportivas y cajas de leche, mientras que otros fueron encontrados en zonas altas y techos de ambientes utilizados por los internos.
Los teléfonos no fueron lo único que apareció durante la inspección. Las autoridades también encontraron hasta 8 mil soles de dinero en efectivo, cargadores para celulares, un repetidor de señal wifi, balanzas digitales y un kit completo utilizado para realizar tatuajes. Todo el material decomisado quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.
En los ambientes intervenidos también se encontraron sustancias ilícitas y armas punzocortantes. La presencia de estos objetos volvió a poner sobre la mesa uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades penitenciarias: el ingreso clandestino de artículos prohibidos a cárceles consideradas de alta seguridad.
La operación había sido planificada mediante labores de inteligencia y contó, además, con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.
Los equipos móviles serán sometidos a peritajes para establecer si fueron utilizados para realizar llamadas extorsivas o coordinar otras actividades delictivas con personas que se encuentran fuera de prisión. Las investigaciones también buscarán determinar los contactos y posibles redes de apoyo vinculadas a los usuarios de esos aparatos.
El ingreso ilegal de celulares a los establecimientos penitenciarios se ha convertido en un punto crítico para las autoridades. Investigaciones citadas por el sector Interior estiman que aproximadamente el 45 % de las extorsiones registradas a nivel nacional tendría su origen dentro de los penales.
Una reciente revisión de registros entregados por el INPE también reveló que desde las cárceles peruanas se generaría, en promedio, más de una llamada relacionada con posibles extorsiones cada hora. La información fue obtenida mediante el análisis y cruce de registros suministrados por la Policía y empresas operadoras de telefonía.
El propio INPE indicó que solicitó a las compañías telefónicas el bloqueo de registros vinculados con estas comunicaciones. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores debido a que existe un subregistro provocado por víctimas que no denuncian las amenazas.
Entre las modalidades detectadas para introducir teléfonos a las cárceles figuran los lanzamientos de objetos desde el exterior, las encomiendas y el ingreso mediante visitas. Una vez dentro, estos aparatos pueden convertirse en una vía de comunicación entre internos y personas que operan fuera de los centros penitenciarios.
Los integrantes de ‘La Confederación’ alcanzados por la intervención serán investigados por la presunta posesión indebida de celulares o armas, municiones y material explosivo en establecimientos penitenciarios.
La requisa en Ancón I se produjo después de que el Gobierno declarara en emergencia, el pasado 5 de septiembre, cinco establecimientos penitenciarios: Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro, Challapalca y Cochamarca. La disposición tiene una duración de 60 días calendario.
Según el Ejecutivo, estos cinco establecimientos concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales. Las medidas contemplan controles estrictos en los accesos, labores de inteligencia y operativos permanentes destinados a decomisar celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos.
El pasado 15 de septiembre, más de 500 personas, entre agentes penitenciarios, policías y fiscales, participaron en otra revisión de pabellones, celdas y áreas comunes de estos centros. Aquella intervención también terminó con el decomiso de celulares, equipos de comunicación, drogas y objetos punzocortantes.
Ahora, los más de 35 teléfonos encontrados en Ancón I serán una pieza clave de las diligencias. La revisión de los equipos deberá establecer quiénes los utilizaban, con quiénes mantenían comunicación y si detrás de esos aparatos existen extorsiones u otros delitos coordinados desde el interior del penal.
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