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¡Red de policías fantasmas! Caen comisario y cuatro agentes acusados de cobrar por faltar al trabajo

Una operación de Dircocor y la Fiscalía destapó un presunto esquema de pagos para justificar ausencias laborales dentro de la comisaría de Villa Hermosa. El comisario Luis Guillén Ticona y cuatro suboficiales fueron detenidos.

La madrugada aún no terminaba de abrir los ojos cuando la comisaría de Villa Hermosa, en El Agustino, se convirtió en escenario de un operativo que venía gestándose desde hace semanas. Afuera, el silencio del amanecer se quebró con el ir y venir de los agentes de la Dirección Contra la Corrupción y la Fiscalía, que llegaron decididos a desarticular lo que, según la investigación, funcionaba como una organización dedicada a cobrar por justificar ausencias en el servicio policial.

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El mayor Luis Guillén Ticona, comisario de la zona y responsable de la seguridad en Santa Anita y El Agustino, fue detenido junto a cuatro suboficiales. Todos quedaron bajo custodia preliminar por siete días, luego de una diligencia que se extendió cerca de siete horas. El oficial salió esposado y encapuchado, sin pronunciar palabra, mientras los vecinos observaban con tensión el despliegue policial.

Cuatro efectivos estarían vinculados a labores particulares, ajenas a sus funciones. Foto: América Noticias

Las autoridades aseguran que los agentes intervenidos cobraban su sueldo sin acudir a trabajar. Según el general Luis Lira, jefe de Dircocor, los suboficiales habrían pagado al comisario para que sus ausencias pasaran como servicio cumplido, lo que les permitía dedicarse a negocios personales o actividades ajenas a sus funciones. Un mecanismo que, de acuerdo con la investigación, se habría repetido desde febrero.

La Fiscalía sostiene que este esquema no solo alteraba el funcionamiento de la comisaría, sino que impactaba directamente en la seguridad ciudadana, especialmente en un distrito golpeado por la delincuencia como El Agustino. Los acusados enfrentan cargos por cohecho pasivo propio y organización criminal. El operativo incluyó el allanamiento de siete viviendas y la propia dependencia policial.

LA MODALIDAD QUE SE TEJÍA TRAS LAS PAREDES

Lira explicó que los implicados no cometían delitos en la calle, pero sí faltaban a sus funciones a cambio de sobornos. “No iban a laborar”, señaló, detallando que presentaban documentos para justificar su supuesta presencia en el servicio mientras realizaban trabajos particulares. La modalidad fue detectada tras patrones irregulares identificados durante el año.

En la intervención también participaron equipos del GRECCO, encargados de ubicar material que respalde la hipótesis fiscal. Se investiga incluso la anuencia de dos comandantes de guardia, quienes habrían permitido que el esquema continuara sin ser detectado.

Los otros suboficiales detenidos fueron identificados como Gustavo Huamán Aguilar, Rojas Salvatierra, Freddy Aquino Castillo y Carlos Quito Suárez. Todos fueron trasladados a la misma comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.

Un dato que hoy contrasta con la investigación es que, un año antes, el propio Guillén Ticona condecoró a policías y serenos por su “destacado patrullaje”, en una ceremonia organizada por la Municipalidad de Santa Anita. Entonces, se destacó el trabajo articulado en seguridad ciudadana. Hoy, su nombre figura en el centro de un caso que indigna a los vecinos.

EL IMPACTO EN UNA ZONA CASTIGADA POR LA DELINCUENCIA

Mientras la criminalidad crece en El Agustino, el hallazgo de una presunta red de corrupción dentro de una de sus principales comisarías ha generado preocupación. La madrugada del operativo, los vecinos observaron con sorpresa cómo los propios agentes de la Policía Nacional intervenían su comisaría, en un caso que compromete responsabilidades internas.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reiteró que existe “tolerancia cero” frente a cualquier acto de corrupción dentro de la institución. Reportó que este año ya han sido intervenidos 950 funcionarios y servidores públicos, entre ellos 260 policías.

El Ministerio del Interior también se pronunció, dejando claro que no defenderá a ningún agente que cruce “la línea de la legalidad”. Un mensaje contundente que acompaña una investigación que podría escalar, según avancen las diligencias y se determinen los alcances del presunto esquema.

El caso deja en evidencia una herida que golpea doble: por un lado, a una institución que intenta recuperar la confianza ciudadana; por el otro, a un distrito que exige mayor seguridad mientras descubre que quienes debían protegerlo, según la investigación, habrían estado ocupados en sus asuntos privados.

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