La fachada prometía descanso y relajación, pero puertas adentro el escenario era otro. Un local que operaba bajo la apariencia de un sauna spa fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la avenida La Marina, en Pueblo Libre, al confirmarse que funcionaba como presunto centro de explotación sexual.
El operativo permitió a los agentes hallar a una menor de edad y rescatar a doce mujeres, peruanas y extranjeras, que habrían sido víctimas de abusos sexuales. La presencia de la menor, detectada tras labores de seguimiento e inteligencia, motivó la intervención inmediata del inmueble.
Al ingresar al establecimiento, los policías encontraron ambientes acondicionados para la actividad ilícita. Varias habitaciones contaban con sillones, camas, paredes pintadas de rojo y televisores encendidos, una distribución que, según la Policía, evidenciaría el uso del local para fines de explotación sexual.
Durante el registro también se hallaron profilácticos, cuadernos de registro de atenciones y otros elementos que servirán como pruebas dentro de la investigación que ahora sigue su curso en la División de Investigación de Trata de Personas.
Las investigaciones señalan que las víctimas habrían sido captadas por la organización criminal denominada ‘Los Explotadores de Monterrey’, que engañaba a mujeres con falsas promesas de trabajo para luego someterlas a explotación sexual.
En el operativo fueron capturadas nueve personas, entre ellas Teófilo Leoncio Apeña Cano, alias Teo, de 72 años, señalado como propietario del establecimiento. Junto a él fueron detenidos otros ocho presuntos integrantes de la red.
El coronel PNP José Flores, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas, indicó que alias Teo operaba con apoyo de extranjeros. Precisó que dos ciudadanos venezolanos se encargaban de captar a las personas, traerlas a Lima y, mediante engaños laborales, introducirlas en el circuito de explotación.
Alias Teo ya registraba antecedentes por trata de personas y tendría al menos dos carpetas fiscales abiertas. Pese a que el local había sido intervenido en los años 2023 y 2025, continuaba operando hasta este nuevo golpe policial.
Tras la intervención, la Municipalidad de Pueblo Libre dispuso la clausura definitiva del establecimiento, colocando un cartel oficial en el frontis del inmueble como señal de cierre permanente.
Los nueve detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), donde continuarán las diligencias correspondientes por el presunto delito de trata de personas, mientras el Ministerio Público evalúa su situación legal.
En paralelo, la Policía ejecutó otro operativo en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde logró rescatar a una madre venezolana y a su hija, quienes habían escapado de una facción de la organización criminal ‘Tren de Aragua’ dedicada a la trata de personas.
Gracias a la denuncia de la mujer, quien permaneció cuatro años bajo amenazas y control de la organización, se permitió intervenir una vivienda donde se custodiaba a menores de edad para someter a sus madres extranjeras. La acción policial permitió desarticular parte de la red liderada por Cristina Burgos Burgos y Juan de Jesús Estula Sierralta, liberando además a más de 50 mujeres que eran explotadas en Lima.
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