Un operativo ejecutado en la madrugada terminó con la detención del coronel PNP Rafael Morón Díaz, actual jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales, en La Molina, por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a la manipulación de evidencias incautadas. La intervención estuvo a cargo de la Policía Anticorrupción en coordinación con el Ministerio Público.
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La fiscalía sostiene que el alto mando policial estaría implicado en un caso de “cambiazo” de un lingote de oro, el cual habría sido sustituido por una réplica de cobre dentro de la sede de la Dirincri. Este hecho forma parte de una investigación más amplia contra la presunta red denominada Los Oropesa.
Las diligencias se iniciaron desde las 4:00 a. m. y se desarrollaron de manera simultánea en distintas regiones del país. Los agentes intervinieron inmuebles en Lima, Cajamarca y Huánuco, en cumplimiento de una orden de detención preliminar que alcanza a siete personas involucradas en el caso.
Según información policial, el despliegue incluyó allanamientos y registros domiciliarios como parte de las acciones para recolectar evidencias que permitan esclarecer el presunto desvío del lingote de oro incautado en una operación previa.
Así se habría ejecutado el cambio del lingote
De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando un grupo de agentes intervino al empresario extranjero Kevin Valencia Muñoz y le incautó cuatro lingotes de oro. Antes de la entrega oficial del material, un suboficial habría tomado fotografías detalladas de las piezas originales.
Estas imágenes, según la investigación, fueron utilizadas para fabricar réplicas exactas en cobre. El objetivo habría sido sustituir el lingote auténtico sin levantar sospechas dentro de la cadena de custodia de la evidencia.
El colaborador eficaz identificado como agente Pepe señaló que el reemplazo se concretó en la sede central de la Dirincri. Las autoridades sostienen que el lingote original fue vendido por un monto de 200,000 dólares, mientras que el objeto falso fue el que finalmente se registró como evidencia oficial.
En paralelo, el Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y autorizó el descerraje de las viviendas de los investigados. Entre los implicados figura el hermano del exministro del Interior Carlos Malaver, quien no fue ubicado durante la intervención en un inmueble de El Agustino. Todos los detenidos enfrentan investigaciones por peculado doloso por apropiación agravado, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.
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