
La indignación y el terror se han apoderado de los padres de familia del colegio privado Innova Schools, en la sede de Mayorazgo, en el distrito de Ate. Un grupo de familias se congregó con carteles y arengas frente al plantel tras salir a la luz una gravísima denuncia por el presunto abuso sexual contra un niño de apenas 10 años de edad, ocurrido dentro de los servicios higiénicos de la institución.
La madre de la pequeña víctima relató un escalofriante testimonio y acusó directamente a la directora, Zaira Novoa Flores, y a la psicóloga del colegio, de haber minimizado la agresión y no haber actuado a tiempo a pesar de tener conocimiento previo del caso.

Ante la ola de protestas y la presión legal de la abogada de los padres, Muriel Mongrut, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales por tres días, pasando a la modalidad virtual, mientras que la cadena educativa anunció la destitución y el cambio de la dirección del plantel desde el lunes 6 de julio, además de la instalación urgente de nuevas cámaras de seguridad.
El desgarrador testimonio de la madre de familia dejó fríos a todos. Según declaró para las cámaras de televisión, el terrible hecho se registró a la hora de salida en el baño del colegio, donde su menor hijo de diez años fue abordado y reducido físicamente por cuatro estudiantes de sexto grado de primaria, de entre 11 y 12 años.
“Le han tapado la boca, le han agarrado las manos y le han sujeto las piernas”, afirmó la progenitora completamente quebrada, quien denunció que tras una reunión con las autoridades del plantel no hicieron nada y todo quedó en falsas promesas. Posterior a la intervención del médico legista, el menor confirmó el abuso sufrido, encendiendo las alarmas de toda la comunidad escolar que ahora teme por la seguridad de sus hijos.
Por su parte, la abogada Muriel Mongrut, quien ejerce la representación legal de los padres de familia, cuestionó duramente el manejo del colegio y de las autoridades competentes.
Mongrut reveló que la directora y los representantes minimizaron la gravedad del caso en las primeras reuniones. Asimismo, advirtió que el colegio Innova Schools de Ate ya registraba preocupantes antecedentes en la UGEL por presuntos casos de violencia física y psicológica que no recibieron una atención oportuna en su momento, detallando que existen denuncias del 23 de junio y del 2 de julio que demuestran dos casos de violencia psicológica y uno de violencia sexual previos.

INACCIÓN DE AUTORIDADES
La letrada también arremetió contra la falta de seguridad de la infraestructura escolar, denunciando que la institución educativa de Mayorazgo no contaría con los protocolos adecuados para atender situaciones de violencia sexual ni con un plan de evacuación ante emergencias.
Mongrut alertó de forma contundente que el plantel solo disponía de dos cámaras de vigilancia para cubrir un espacio de aproximadamente 450 metros cuadrados. A esto se suma el reclamo de los padres por la presencia de conductas inapropiadas en otros salones de sexto grado, donde se hallaron dibujos de órganos sexuales, una situación que ya había sido advertida con anterioridad al colegio.
La inacción de las autoridades policiales y judiciales también fue el blanco de las críticas. La defensa legal y la madre afectada denunciaron que, una semana después de haberse asentado la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, esta todavía no figuraba en la Fiscalía de la Nación, acusando una acción tardía por parte de los agentes.
Durante las manifestaciones, criticaron severamente que ni la Policía ni los representantes de la UGEL se hicieran presentes en el plantel de forma inmediata para realizar las diligencias correspondientes, permitiendo incluso que los escolares señalados como presuntos agresores continuaran asistiendo a clases con total normalidad en los primeros días.
Frente a este escenario de riesgo, los padres de familia exigieron la suspensión preventiva inmediata de los escolares involucrados. La abogada Mongrut precisó que se han identificado a siete alumnos de un aula de sexto grado, pero explicó que la decisión de suspenderlos formalmente de la institución no depende del colegio, sino de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
Al tratarse de menores de edad, reconoció que los hechos se calificarán de manera distinta bajo el sistema de justicia juvenil, pero recalcó que esto no resta gravedad al asunto y recordó que los padres de los implicados mantienen la responsabilidad legal sobre las conductas de sus hijos.

SUSPENDEN CLASES
Ante el estallido del escándalo y las protestas, el colegio Innova Schools emitió un comunicado oficial asegurando que el caso ya viene siendo investigado por las autoridades correspondientes y que se ha registrado el hecho en la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación.
Como medida inmediata de reorganización interna, la cadena educativa informó que desde el lunes 6 de julio se ha designado a un nuevo director para la sede de Mayorazgo y se ha incorporado personal dedicado exclusivamente al control de disciplina y cuidantías en espacios comunes. Además, anunciaron la instalación de cámaras de video adicionales desde este martes 7 de julio para sumarse a las 31 que aseguran tener operativas.
El pronunciamiento del colegio enfatizó que se abrirán espacios de escucha activa con los delegados de todos los grados bajo la conducción de la nueva dirección y con el soporte de su equipo centralizado de bienestar.
No obstante, Innova Schools precisó que no pueden adelantar más detalles del caso por respeto y protección a la ley de menores de edad involucrados, pero prometieron aplicar “todas las medidas disciplinarias que sean necesarias” una vez que concluyan las investigaciones oficiales de los entes competentes.

Por su parte, el Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, expresó su profunda preocupación y anunció que la DRELM activó un proceso de supervisión para verificar si el comité de gestión de bienestar del plantel cumplió rigurosamente con los protocolos de violencia sexual. Por recomendación del Ministerio de Educación, la DRELM dispuso suspender las clases presenciales por tres días y mudar a la modalidad virtual para facilitar las intervenciones del caso.
Tupayachi aseguró que se realizarán mesas de trabajo con los padres de familia para escuchar sus demandas y coordinar las indagaciones junto con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo de especialistas del Programa Nacional WarmiÑan y del Centro Emergencia Mujer (CEM) de La Molina acudió al colegio en Ate para brindar soporte emocional, contención psicológica y un plan de seguridad integral al menor afectado y a su madre. El ministerio confirmó que ya presentó la documentación formal ante la Fiscalía y la Policía para acelerar el esclarecimiento de este condenable caso que ha puesto en jaque la seguridad escolar en el distrito de Ate.
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