POLÉMICO. El último martes, durante una mesa de trabajo convocada por el Congreso de la República en la que se abordó el tema de la inseguridad ciudadana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo que el incremento de la criminalidad en la ciudad norteña se dio luego de la caída del llamado ‘Escuadrón de la Muerte’, formado presuntamente por efectivos policiales que ajusticiaban delincuentes al margen de la ley.
“Muchos me preguntan cuándo comenzó a caer Trujillo. Esta ciudad comenzó a caer cuando metieron presos a los policías y les inventaron un ‘Escuadrón de la Muerte’”, afirmó Santiváñez.
“La misma situación ocurrió en Piura, donde hoy un teniente es procesado por la muerte de un extorsionador, a pesar de que el deceso se debió a peritonitis y no a una acción policial”, añadió.
Sus declaraciones han generado controversia, especialmente porque el actual ministro del Interior fue abogado del comandante Raúl Prado, líder de dicho grupo.
Antes convertirse en uno de los ministros favoritos de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Santiváñez fue abogado del líder del llamado ‘Escuadrón de la Muerte’, el comandante PNP Raúl Enrique Prado Ravines, quien tiene por este caso una sentencia pendiente de ejecución de 35 años de prisión, está prófugo de la justicia y pesa sobre él una recompensa de 100 mil soles a cambio de su captura.
Prado Ravines lideraba un presunto ‘Escuadrón de la Muerte’ acusado de realizar ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes (entre ellos también policías) en falsos operativos con el fin de obtener condecoraciones y ascensos.
Según un informe de Perú21, en enero de este año el Ministerio del interior dio luz verde a la contratación de la defensa legal de Raúl Prado Ravines por un monto de 50 000 soles.
La medida fue justificada por Juan José Santiváñez que alegó que el referido gasto se ampara en la normativa legal vigente que establece que todo funcionario público involucrado en procesos judiciales relacionados con el ejercicio de sus funciones tiene derecho a ser defendido por el Estado. O sea, el Estado pagando la defensa de quien actuó en agravio del Estado.
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