La organización criminal venezolana ‘Tren de Aragua’ participó en el criminal atentado con explosivos en la mina Poderosa, el último sábado en Pataz, La Libertad, que dejó nueve muertos y más de 20 heridos, confirmó el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
“Las tres bandas que están allí son de nacionalidad extranjera y de forma particular el ‘Tren de Aragua’. Esa información ya la tienen Inteligencia y la Policía. Recordemos que ya llevamos cerca de 180 días en una declaratoria del Estado de emergencia en dicha zona”, sostuvo.
Además, no descartó el empleo de militares para enfrentar a las organizaciones criminales y la minería ilegal. “El control de orden interno lo tiene nuestra Policía y nosotros como Fuerza Armada estamos llanos a apoyar”.
Las autoridades confirmaron que el atentado fue perpetrado por mineros ilegales junto a delincuentes armados. Ayer se informó que el número de fallecidos se elevó a diez, pero fue desmentido.
“Fue una verdadera masacre. Pedimos justicia”, dijo uno de los sobrevivientes.
El mismo sábado, la Policía detuvo a siete personas armadas por los atentados con dinamita. Son los peruanos Luis Zapata Chimacero (26), Luis Arias Benites (23), Agustín Oré Alfaro (54), Dilser García Huamán (21) y Maikol Torres Benites (23).
También los venezolanos José Ramírez Valecillo (19) y Junior Herrera Josa (25).
Se informó que 50 agentes del Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) llegaron ayer a Trujillo para reforzar la seguridad.
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, pidió al gobierno actuar de inmediato.
“Cómo podemos permitir que tomen el control de la seguridad ciudadana las bandas organizadas, que amenazan con poner bombas, granadas, asesinatos a quien no les pague un cupo”, dijo.
Añadió: “Es preocupante el nivel de violencia al que estamos llegando. La minería ilegal ya sabemos a qué niveles de violencia puede llegar. Estamos perdiendo soberanía frente al crimen. La responsabilidad es del Estado peruano”.
Instituciones como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Osinergmin y el Arzobispado, entre otras, condenaron la masacre.
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