La familia de Jenss Marty Lara Tantaquilla permanece bajo un fuerte dispositivo de seguridad en una vivienda de la urbanización El Bosque, en Trujillo, luego del atentado del pasado 30 de agosto. El resguardo incluye cámaras de videovigilancia, personal de seguridad privada, policías, choferes y vehículos apostados alrededor del inmueble, situación que llevó a Beto Ortiz a cuestionar quiénes son los hombres encargados de custodiar a los Lara.
El periodista abordó el tema luego de difundirse imágenes del exterior de la vivienda, donde se observa a varios custodios vigilando los alrededores. En una de las escenas, un reportero fue intervenido verbalmente por integrantes de la seguridad cuando caminaba por la vía pública y grababa imágenes del inmueble.
“Porque está grabando, nosotros estamos viendo que está grabando”, se escucha decir a uno de los hombres. Ante la respuesta del periodista, quien señaló que podía caminar y grabar en la calle, los custodios insistieron en conocer su identidad y cuestionaron el motivo de la grabación.
La situación llegó al punto de que los hombres intentaron impedir que continuara registrando imágenes. Ante ello, el equipo periodístico recurrió a un efectivo policial que se encontraba a media cuadra del lugar. Según el relato difundido, el agente solicitó los documentos y llegó a identificar al reportero, mientras que los custodios permanecieron bajo observación.
A partir de estas imágenes, Beto Ortiz expresó sus dudas sobre el perfil de las personas que permanecen alrededor de la vivienda de la familia Lara. El periodista reconoció que, después de un ataque de esa magnitud, es comprensible que los integrantes del entorno familiar busquen extremar las medidas de protección.
“Que una familia que ha sido víctima de este ataque tan brutal tenga miedo, se atrinchere y se rodee de seguridad, sí, seguramente cualquier familia con el dinero para hacerlo haría lo mismo”, afirmó.
Sin embargo, cuestionó la manera en que algunos de los custodios actúan frente a quienes se acercan al inmueble. “Sin embargo, estos personajes que resguardan a la familia Lara diría yo que están en el límite entre la seguridad y la matonería”, sostuvo.
Ortiz también puso en duda que se trate de agentes policiales. “No parecen ser precisamente agentes profesionales de seguridad; tampoco parecen ser policías y, si lo son, pues no están muy orgullosos de serlo porque no se identifican como tales”, manifestó.
El periodista relacionó además la presencia de estos hombres con el escenario de violencia y organizaciones criminales que afecta a Trujillo. En ese contexto, recordó que empresarios y trabajadores de la ciudad han sido vinculados a esquemas de protección ofrecidos por organizaciones criminales.
“Si la camioneta en la que estaban las víctimas tenía un sticker, una calcomanía del cártel que es una de las organizaciones criminales que ofrece protección en Trujillo, y si los trujillanos —empresarios, trabajadores de diversa índole— están acostumbrados a pedirle protección a organizaciones como Los Pulpos o como La Jauría, es fácil colegir quiénes son estas personas”, concluyó dando a entender que custodios podrían también pertenecer a una de estas bandas.
El fuerte resguardo se produce después del secuestro de Jenss Lara, ocurrido el 30 de agosto, cuando fue interceptado junto a otras cuatro personas en Trujillo. El ataque terminó con el asesinato de sus acompañantes y con el empresario retenido durante más de 36 horas antes de ser liberado.
En medio de las investigaciones, también se difundieron datos sobre el patrimonio de los integrantes de la familia Lara Tantaquilla. Según el material difundido, Jenss Lara es propietario de un terreno de 200 hectáreas en el Valle Mocho y de la camioneta Ford Raptor intervenida tras el ataque.
Su hermano Jhojan Lara figura como propietario de una Chevrolet Silverado del 2023, mientras que su hermana Jersika Lara Tantaquilla posee un automóvil Honda y dos motocicletas. El padre de los hermanos, según la información difundida, es propietario de la vivienda donde actualmente permanece la familia y de un terreno de 400 hectáreas en Pataz, donde realiza explotación minera.
La información también señala que el patriarca de la familia, Euterio Lara, inició desde joven actividades vinculadas a la minería y que posteriormente el clan constituyó nueve sociedades mineras. Estos datos forman parte de la exposición pública del patrimonio y las actividades económicas de la familia después del secuestro.
El escenario que queda tras el ataque es el de una familia que, mientras intenta protegerse de nuevos riesgos, permanece rodeada de seguridad privada y policial. Las interrogantes planteadas por Beto Ortiz apuntan precisamente a la identidad y función de quienes custodian el inmueble, en una ciudad donde la violencia criminal y los mecanismos de protección informal forman parte de las preocupaciones que rodean el caso.
Contenido GEC