Ocho años de prisión efectiva. Esa fue la sentencia que recibió el comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso, de 57 años, luego de que el Poder Judicial lo hallara responsable del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. El caso se inició por una intervención de tránsito en San Martín de Porres que terminó convertida en un proceso penal.
Todo ocurrió en mayo de 2026, a la altura de la estación Parque del Trabajo. Los agentes detectaron que el oficial manejaba un vehículo particular por el carril exclusivo del Metropolitano, una zona restringida para unidades no autorizadas. Además, según la acusación fiscal, utilizaba su teléfono celular mientras conducía.
Un suboficial de tránsito le ordenó detenerse para realizar el procedimiento correspondiente. Sin embargo, el comandante no colaboró con la diligencia y, según las pruebas presentadas durante el juicio, se negó reiteradamente a identificarse y a entregar los documentos solicitados.
“No voy a identificarme”, quedó registrado en uno de los videos de aquella intervención. Las imágenes también mostraron el intercambio verbal entre el oficial y el policía que intentaba cumplir con el procedimiento.
Según la Fiscalía, Canales respondió haciendo referencia a su grado dentro de la institución mientras cuestionaba las órdenes impartidas por el suboficial. Incluso utilizó expresiones consideradas denigrantes hacia el agente.
En otro momento del incidente, se le escucha al oficial decir: “Soy el comandante Canales. Mírame bien la cara, conch.... Por la cara te das cuenta que no soy cualquier (persona)”. También se escuchó: “Vocaliza bien, habla bien. Utiliza bien tu semántica”.
El comandante aseguró durante la discusión que se encontraba atendiendo una emergencia. El efectivo de tránsito, por su parte, le recordó que la intervención se producía debido al accidente ocurrido en una vía restringida para vehículos particulares.
Para demostrar la responsabilidad del acusado, la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo presentó el acta de intervención, las declaraciones de los policías participantes y la transcripción de los videos registrados durante el incidente.
A ese material se sumaron informes de la Inspectoría General de la PNP, la inspección técnico policial, consultas de casos fiscales y documentación relacionada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La intervención terminó con la detención de Canales en flagrancia y su traslado a una dependencia policial. Desde ese momento, el incidente dejó de ser solamente una infracción de tránsito y pasó al ámbito penal.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte destacó la rapidez con la que se obtuvo la sentencia. El proceso concluyó en tres meses gracias a que el Poder Judicial aprobó la incoación de proceso inmediato.
Previamente, el juzgado había impuesto cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante. Esta medida permitió asegurar el desarrollo de las diligencias y avanzar hacia un juicio inmediato con las pruebas reunidas.
“De este modo, se aceleró el proceso sobre la base de las pruebas recogidas para iniciar un juicio inmediato”, señaló la Fiscalía al explicar el procedimiento que permitió resolver el caso en un tiempo reducido.
Además de los ocho años de cárcel, Canales deberá pagar S/5000 como reparación civil al Estado. La condena se sustenta en la conclusión judicial de que desobedeció órdenes legítimamente impartidas por un efectivo policial durante el cumplimiento de sus funciones.
El caso también había generado consecuencias dentro de la institución policial. Tras el incidente, la Inspectoría General de la Policía Nacional dispuso su separación temporal de todo servicio activo mientras se desarrollaban las investigaciones internas.
La situación del comandante incluso llevó a recordar un episodio disciplinario ocurrido en 2016. Según información proporcionada por la propia institución, aquel año fue detenido tras ser acusado de disparar contra un joven que jugaba básquet en una losa deportiva de Los Olivos.
En ese caso, Rony de la Cruz Roque resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado a un establecimiento de salud. La Inspectoría General dispuso entonces el pase al retiro de Canales, medida que posteriormente fue ratificada por el Tribunal de Disciplina Policial.
Sin embargo, años después, una medida cautelar innovativa permitió su reincorporación a la Policía Nacional con el mismo grado que tenía antes de su salida.
Ahora, el nombre de Manuel Canales vuelve a aparecer en un expediente judicial, pero esta vez con una condena de ocho años de prisión efectiva por desobediencia y resistencia a la autoridad, además de una reparación civil de S/5000.
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