
Ni las autoridades se salvan. En Piura, el alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, es víctima de una extorsión en la que le exigen medio millón de soles a cambio de no atentar contra su vida. La misma red criminal también amenaza a ingenieros y contratistas encargados de obras públicas en Socchabamba y, según las investigaciones policiales, habría llegado a ejecutar tres ataques con dinamita contra los proyectos.
Las amenazas fueron acompañadas de imágenes que buscaban infundir temor. En uno de los videos aparece un sujeto armado que rastrilla un fusil y advierte a los responsables de las construcciones que deben entregar el dinero exigido. La grabación terminó en manos de una de las personas vinculadas a las obras.

El alcalde tampoco fue el único objetivo. Los delincuentes extendieron sus intimidaciones a integrantes de su entorno más cercano. Incluso el chofer de la autoridad edil recibió un mensaje en el que le advertían que la camioneta que conduce “no cuenta con blindaje”, además de amenazarlo de muerte.
La Unidad de Secuestros y Extorsiones de Sullana comenzó entonces a seguir el rastro de los mensajes y videos. Los agentes identificaron a presuntos responsables de enviar el material intimidatorio y detectaron que parte de las comunicaciones habría sido originada desde el interior de un centro penitenciario de Ecuador.
AMENAZAS, DINAMITA Y MENSAJES
Una de las grabaciones llegó directamente a la asistente del contratista responsable de una obra de agua potable. Junto al video donde aparecía el armamento, los extorsionadores enviaron fotografías de explosivos y textos en los que exigían comunicarse con el empresario encargado del proyecto.
La presión no habría quedado solamente en mensajes y amenazas. De acuerdo con las investigaciones policiales, se produjeron tres atentados con dinamita en lugares donde se ejecutan los trabajos públicos de Socchabamba. La violencia habría acompañado así la exigencia económica.
Frente a esta situación, Darwin Quinde manifestó públicamente que teme por su vida. La investigación busca determinar quién se encuentra detrás de las comunicaciones y cuál es la participación de cada uno de los sospechosos identificados.
El trabajo de inteligencia llevó a los agentes hasta el sector de Cachaquito, en la carretera Panamericana Norte, distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. Allí intervinieron a dos hombres que viajaban en una motocicleta con dirección al puente fronterizo con Ecuador.
Los detenidos fueron identificados como Nelson C. S., de 36 años, alias “Makuko”, y Freinet P. A., de 31, conocido como “Charapo”. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la DIVINCRI PNP Piura.

‘MAKUKO’ Y ‘CHARAPO’ EN LA MIRA POLICIAL
Durante el registro personal, los policías encontraron entre las prendas de Nelson C. S. un cartucho de material explosivo de uso comercial y cinco municiones sin percutir. El hallazgo reforzó las pesquisas relacionadas con la extorsión y la tenencia ilegal de explosivos y municiones.
‘Makuko’ estaría presuntamente relacionado con el caso de extorsión en agravio del alcalde de Ayabaca, según las primeras diligencias. Su acompañante, ‘Charapo’, también es investigado para determinar qué grado de participación habría tenido en las actividades atribuidas a la organización.
La Policía informó que los intervenidos serían investigados por delitos de extorsión y tenencia de explosivos. Sin embargo, las pesquisas todavía deben establecer sus responsabilidades y las posibles conexiones con otros integrantes de la red.
En los primeros reportes policiales, los detenidos fueron vinculados con ‘Los Norteños’, mientras que otro informe los señala como presuntos integrantes de la banda ‘Los Terribles de Piura’. Las investigaciones deberán precisar la estructura criminal a la que pertenecerían.
Los agentes también continúan rastreando las comunicaciones para identificar a otros involucrados. Una de las hipótesis de trabajo apunta a que el manejo de las amenazas habría sido coordinado desde Ecuador, donde se encontraría recluido un delincuente relacionado con el caso.
Mientras tanto, las obras públicas de Socchabamba permanecen como uno de los principales escenarios de las amenazas. Ingenieros, contratistas y la propia autoridad municipal han sido señalados como objetivos de una organización que utilizó videos, mensajes, fotografías de explosivos y ataques con dinamita para presionar por el pago de S/500 mil.
Los dos intervenidos fueron puestos a disposición de la unidad policial correspondiente, en coordinación con el Ministerio Público. Las diligencias continuarán para determinar quiénes están detrás de las amenazas contra el alcalde de Ayabaca y los responsables de las obras.
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