Una presunta red de fraude informático habría generado pérdidas de hasta S/10 millones al año a la Línea 1 del Metro de Lima mediante tarjetas adulteradas, mientras sus llamados ‘salderos’ cobraban entre S/2 y S/2.50 a los pasajeros para permitirles ingresar sin hacer las colas de recarga. La investigación fiscal y policial también detectó que cuatro agentes de la División de Seguridad Ferroviaria de la PNP habrían recibido pagos para facilitar el funcionamiento del esquema en seis estaciones.
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La modalidad empezaba lejos de los torniquetes. En una vivienda, según las pesquisas, se modificaban los datos de las tarjetas mediante equipos electrónicos y programas especializados. Los plásticos podían aparecer con S/300, S/600 y hasta S/900 de saldo, pese a que el sistema oficial permite recargas de hasta S/100.
Después llegaba el segundo eslabón. Las tarjetas eran entregadas a los denominados ‘salderos’, quienes aguardaban a los pasajeros que preferían evitar las largas filas de las boleterías. Por unos soles, estos operadores validaban el ingreso en los torniquetes y el dinero terminaba en manos de la presunta organización.
TARJETAS CON SALDOS FANTASMA
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, bajo la conducción de la fiscal Paola Charaja, junto con agentes de la Policía Nacional. Las diligencias permitieron identificar a varios presuntos integrantes con funciones específicas dentro de esta estructura.
Uno de los principales nombres señalados es Miguel Ángel Goyeneche Bravo, alias “Cojo”, a quien las autoridades atribuyen la coordinación de los espacios donde trabajaban los vendedores informales. Según la pesquisa, habría tenido bajo control operativo seis estaciones.
El soporte tecnológico habría estado en manos de un trabajador de seguridad privada vinculado a la Línea 1. De acuerdo con el coronel José Montero, de la Dirincri, esta persona habría utilizado una laptop, tres lectores electrónicos y programas denominados MCT y FK para modificar la información almacenada en los plásticos.
Durante el registro de un inmueble, los agentes incautaron más de 1.280 tarjetas presuntamente adulteradas, además de laptops, lectores, duplicadores y otros dispositivos electrónicos. También se hallaron S/5 mil en efectivo, según la información proporcionada durante las diligencias.
La Policía sostiene que este mecanismo permitía alimentar constantemente el circuito informal. Las tarjetas con saldos ficticios pasaban luego a los operadores que se encontraban en las estaciones y ofrecían el servicio a quienes buscaban ingresar con rapidez.
POLICÍAS COBRABAN POR MIRAR A OTRO LADO
Pero el negocio, según la investigación, no solo necesitaba tecnología. También requería que los controles no interrumpieran las operaciones. Las pesquisas identificaron a cuatro agentes de la División de Seguridad Ferroviaria de la PNP que habrían permitido el funcionamiento de los ‘salderos’.
Según José Montero, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, uno de los efectivos habría recibido aproximadamente S/1.000 diarios para facilitar las actividades de los vendedores informales. Los agentes investigados también habrían comunicado fechas de operativos y la identidad del personal policial que sería enviado a las estaciones.
La presunta recolectora del dinero, identificada como Sharik Gómez Vargas, habría declarado que ‘Cojo’ le ordenaba entregar pagos semanales de S/870, S/1270 y hasta S/1570 a policías. De acuerdo con su versión, algunas de estas entregas se concretaban dentro de los ascensores de las estaciones.
La investigación incluso detectó un curioso mecanismo para esconder parte de los componentes utilizados en el fraude. Durante una intervención, los agentes encontraron un chip en la boca de una de las personas detenidas, según lo mostrado en el reportaje difundido por Cuarto Poder.
El golpe policial permitió incautar tarjetas, equipos informáticos, droga no se menciona en esta investigación, dinero y otros elementos vinculados presuntamente con el fraude. Sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias para establecer qué responsabilidad corresponde a cada uno de los investigados.
El caso revela, según las pesquisas, cómo una actividad informal que parecía limitada a los accesos de las estaciones habría tenido detrás una estructura con funciones repartidas: alguien manipulaba las tarjetas, otros las distribuían, los ‘salderos’ cobraban a los pasajeros y, presuntamente, algunos agentes se encargaban de evitar que los controles policiales interrumpieran el negocio.
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