El rugido de los motores se apagó a las 7:23 de la mañana de este lunes 16 de febrero. No fue una falla mecánica ni un feriado inesperado. Fue el miedo. Seis empresas de transporte decidieron no salir a trabajar por temor a los extorsionadores, tras el asesinato del conductor Amílcar Raúl Marcano Rodríguez en San Martín de Porres.
La paralización comenzó luego de que el grupo empresarial ‘El Rápido’ anunciara la suspensión de sus operaciones por la muerte del chofer de la línea JC Bus, baleado por delincuentes cuando trasladaba pasajeros en la avenida Los Próceres. Dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra él.
Desde entonces, el impacto se sintió en cadena. ‘El Rápido’ detuvo sus seis rutas. A la medida se sumaron ETUPSA 73, Santa Cruz-13 y Huáscar-Ruta C, dejando a cientos de usuarios varados en paraderos vacíos de Lima Norte y San Juan de Lurigancho.
La protesta silenciosa también incluyó a Salamanca Parral, Lipetsa (Triángulo) y Translicsa. Etersac, Tigrillo, Evipusa, la línea 50 y la conocida 41 completaron el listado de empresas inmovilizadas en distintos puntos de la capital.
En la Panamericana Norte, los conductores realizaron un apagado de motores como señal de duelo y protesta. Intentaron desplazarse hacia el Cercado de Lima, pero un contingente de la Policía Nacional bloqueó su avance en las inmediaciones del óvalo Habich.
Durante la movilización, efectivos impusieron multas por supuestas infracciones y una grúa retiró al menos un bus al depósito municipal. Los transportistas cuestionaron la intervención policial en plena protesta y recordaron que, cuando sus compañeros son atacados, no hay presencia preventiva.
“Nos matan, nos acribillan, y es injusto lo que están haciendo. Somos trabajadores y no delincuentes”, declaró uno de los choferes durante la cobertura en vivo.
El dirigente Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, sostuvo que la manifestación se desarrolló sin violencia. Señaló que la paralización fue inicialmente planteada por 24 horas, aunque no descartó evaluarla hasta 48 si continúan las intervenciones y sanciones.
Las empresas que se sumaron a la medida indicaron que la decisión responde al completo abandono de las autoridades frente a la ola de sicariato que afecta al gremio. En sus comunicados, pidieron acciones firmes y mayor despliegue de seguridad en puntos críticos de Lima y Callao.
Ojeda afirmó que, de unas 400 empresas en Lima y Callao, alrededor del 80 % estaría sometido a extorsiones. Criticó que no se haya concretado la reunión anunciada con el presidente de la República y cuestionó la falta de resultados frente a las bandas criminales.
En paralelo, en la avenida Habich, en San Martín de Porres, la Policía colocó stickers amarillos por presuntas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y retiró varias unidades de ‘El Rápido’. Los conductores aseguraron que formaban parte de una caravana y no bloqueaban la vía.
Un chofer de ‘El Rápido’ explicó que la paralización se realizó en solidaridad con el compañero fallecido y su familia, aunque reconoció que una suspensión prolongada genera pérdidas para empresas, trabajadores y usuarios.
Mientras los paraderos permanecían vacíos y los pasajeros buscaban rutas alternas, el mensaje del gremio fue claro: el miedo al extorsionador está paralizando más rápido que cualquier medida oficial. Los conductores aseguran que no volverán a sus rutas hasta contar con protección real que les permita trabajar sin convertirse en el siguiente blanco.
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