La Marina de Guerra del Perú separó de sus funciones a la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, mientras continúan las investigaciones por la denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, quien habría sido víctima de sus compañeros durante el traslado de una actividad deportiva; la Fiscalía ya inició una investigación preliminar y diez escolares permanecen retenidos.
La medida fue comunicada este 17 de septiembre mediante el Comunicado N.° 004-2026 de la Marina de Guerra. La institución señaló que la decisión fue adoptada por la Dirección de Bienestar mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos denunciados en el colegio.
En el documento, la Marina expresó su posición frente a lo ocurrido y rechazó cualquier acto que pueda afectar la integridad de los estudiantes. “La Marina de Guerra del Perú rechaza tajantemente todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”, señala el comunicado.
La institución indicó además que su Departamento de Educación viene brindando facilidades a las autoridades encargadas de las investigaciones. Según el pronunciamiento, la colaboración se realizará independientemente de quiénes resulten responsables al término de las pesquisas.
La decisión de separar a los tres trabajadores se produce luego de que se conociera la denuncia presentada por la familia de un escolar de 16 años. De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes regresaba de una actividad deportiva.
El estudiante agraviado cursa cuarto de secundaria y habría viajado con el equipo escolar de futsal desde Surco. Tras lo ocurrido, su padre acudió a la comisaría de San Borja para formalizar la denuncia.
Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional intervinieron a diez alumnos de quinto de secundaria. Los menores fueron trasladados para los exámenes correspondientes y permanecen bajo custodia policial, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias del caso y la participación que habría tenido cada uno.
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso que el adolescente agraviado brinde su declaración mediante Cámara Gesell y que se recojan los testimonios de los diez estudiantes retenidos.
El caso también activó protocolos de protección para los escolares. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda asesoría legal y apoyo psicológico al adolescente y a su familia, según la información difundida.
Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana acudieron a la dependencia policial para activar los protocolos correspondientes. Su director, Cornelio Gonzales, señaló que la entidad mantiene una posición de protección hacia todos los menores mientras avanza la investigación.
Gonzales también indicó que dos adultos se encontraban dentro del vehículo encargados del cuidado de los escolares, aspecto que deberá ser revisado por las autoridades. La presencia y actuación de los responsables durante el traslado forman parte de las interrogantes que rodean el caso.
En su comunicado, la Marina precisó que, debido a que el caso involucra a menores de edad, se mantendrá en reserva cualquier información que permita identificarlos. La institución señaló que esta medida busca proteger la identidad de los estudiantes involucrados.
Asimismo, aseguró que las autoridades competentes ya dispusieron el protocolo correspondiente para atender este tipo de situaciones y que continuará brindando las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones.
“La Dirección de Bienestar de la Marina, a través de su Departamento de Educación, viene brindando todas las facilidades y su plena colaboración a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, independientemente de los que resulten responsables”, indica el documento.
La Marina también remarcó que las medidas posteriores dependerán de los resultados de las investigaciones y de la normativa vigente. “La Dirección de Bienestar de la Marina adoptará, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente, las medidas que correspondan dentro del ámbito de su competencia, descartando cualquier injerencia durante el proceso de investigación”, señala el comunicado.
Horas antes, el propio Liceo Naval Almirante Guise había emitido un pronunciamiento en el que afirmó que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. La institución señaló que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes.
A las investigaciones de la Fiscalía y la Policía se sumó además una fiscalización de Indecopi, que busca determinar si el centro educativo cumplió con las obligaciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley para la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas.
La Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 solicitó información al colegio y advirtió que una eventual negativa o demora injustificada podría generar consecuencias para sus representantes legales. Esta actuación administrativa se desarrolla de manera independiente de las pesquisas penales.
Mientras tanto, la investigación fiscal continúa con la toma de declaraciones y otras diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido. La Marina ha señalado que esperará los resultados de las pesquisas para adoptar las medidas que correspondan dentro de sus competencias y conforme a la normativa vigente.
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