Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la detención de 25 presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘La Red del Silencio’, investigada por extorsionar a conductores y empresas de transporte público que operan en Lima y el Callao.
Según las pesquisas fiscales, la red delictiva habría mantenido actividades ilícitas durante varios años, aunque su accionar se intensificó durante el 2025, afectando a decenas de trabajadores del sector transporte mediante cobros extorsivos y amenazas constantes.
Las autoridades sostienen que el grupo concentraba sus operaciones en diversas zonas del Callao y Lima Norte, donde los transportistas eran obligados a entregar sumas de dinero para evitar represalias.
“Su ámbito de acción se habría concentrado en el sector de Oquendo, en el Callao, así como en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y otros puntos de Lima Metropolitana”, informó Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor).
La investigación se inició tras las denuncias y reportes brindados por los propios conductores afectados, quienes alertaron a las autoridades sobre presuntos actos de extorsión que venían perjudicando económicamente a los transportistas.
Durante la intervención se ejecutó el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho, como parte de las diligencias destinadas a recopilar pruebas y desarticular la presunta estructura criminal.
Los principales agraviados serían empresas de transporte formal e informal, entre ellas Translima y Holding Real Express S.A., además de propietarios, choferes, cobradores y otros trabajadores vinculados al servicio de transporte público. “Se estima que alrededor de 190 unidades vehiculares que cubren diversas rutas, incluida la avenida Izaguirre, habrían resultado afectadas”, indicó el magistrado.
De acuerdo con la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada del Callao, la organización exigía pagos diarios que fluctuaban entre S/10 y S/40 por vehículo, llegando en algunos casos hasta S/70. Las amenazas eran enviadas mediante grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales, e incluían imágenes de armas, explosivos y advertencias intimidatorias. {
Asimismo, se investiga la presunta participación de sus integrantes en ataques contra unidades de transporte y agresiones dirigidas a reforzar el cobro de las cuotas extorsivas. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las diligencias durante el periodo de detención preliminar para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
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