Escándalo judicial

El juez Gerardo Oscco Gonzales quedó en el centro de la polémica luego de declarar infundado el pedido de prisión preventiva contra 11 presuntos integrantes de la organización criminal Los Despiadados de Ancón II, investigada por extorsionar a colectiveros y transportistas interprovinciales en Lima Norte. Mientras la Fiscalía cuestiona la valoración de las pruebas presentadas durante casi tres años de investigación, el magistrado evitó responder ante las cámaras sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

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La controversia se intensificó cuando el programa Punto Final interceptó al magistrado para preguntarle por el caso. Sin embargo, lejos de explicar los fundamentos de su resolución, Oscco Gonzales se mostró reacio a brindar declaraciones.

“¿Qué te puedo decir?”, respondió cuando fue consultado sobre la liberación de los investigados. Luego insistió en que cualquier entrevista debía ser solicitada a través de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y sostuvo que los argumentos de su decisión estaban contenidos en la resolución judicial.

La historia se remonta al pasado 18 de abril, cuando agentes de la Diviac y de la SWAT ejecutaron un operativo para capturar a presuntos integrantes de Los Despiadados de Ancón II. Entre los detenidos figuraba Ángel Rosales Guzmán, conocido como ‘Negro Ángel’, señalado por las autoridades como el segundo al mando de la organización.

Según la investigación fiscal, la red criminal era dirigida por Lucio Moreno Jaque, alias ‘Tío’ o ‘El Uno’, quien actualmente cumple condena en el penal de Juliaca. Desde prisión, habría mantenido el control de las operaciones vinculadas al cobro de cupos en el paradero Fundición, en Puente Piedra.

UNA INVESTIGACIÓN DE CASI TRES AÑOS

Las pesquisas desarrolladas por la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos y recopilación de evidencias que, según las autoridades, permitieron identificar la estructura de la organización.

De acuerdo con el coronel Roberto Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), la red habría obtenido entre cinco y seis millones de soles producto de las extorsiones cometidas entre junio de 2023 y abril de 2026.

Las autoridades sostienen que los transportistas eran obligados a realizar pagos diarios y semanales para poder trabajar en determinadas rutas. Además, quienes incumplían las disposiciones impuestas por la organización podían ser sancionados o multados.

La investigación también determinó que se exigía a los transportistas participar en actividades organizadas por la red. Según los investigadores, incluso se les obligaba a adquirir productos en actividades como polladas promovidas por la organización.

Para el coordinador de Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, las pruebas reunidas durante la investigación eran sólidas. Por ello cuestionó la decisión adoptada por el magistrado al considerar que no se valoró adecuadamente el trabajo realizado por la Policía y la Fiscalía.

Juez que liberó a 11 integrantes de Los Despiadados de Ancón II evitó responder a la prensa. Foto: Difusión
Juez que liberó a 11 integrantes de Los Despiadados de Ancón II evitó responder a la prensa. Foto: Difusión

LA DECISIÓN QUE AHORA SERÁ REVISADA

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de declaraciones juradas de transportistas que aseguraban no haber sido víctimas de extorsión por parte de Ángel Rosales Guzmán. Los documentos fueron encontrados entre las pertenencias del investigado al momento de su captura.

Para la Fiscalía, este hallazgo constituye un indicio de que algunos conductores habrían sido presionados para firmar dichos documentos, los cuales posteriormente fueron presentados como parte de la defensa de los investigados.

Pese a estos elementos, Oscco Gonzales dispuso que los 11 investigados continúen afrontando el proceso en libertad. Como restricciones, les prohibió salir del país y acercarse a los paraderos de transporte que forman parte de la investigación.

La decisión generó preocupación entre los investigadores. Jorge Chávez Cotrina advirtió que, si una instancia superior revoca la resolución y ordena prisión preventiva, podría resultar difícil volver a ubicar y capturar a los investigados.

La Fiscalía ya presentó una apelación contra el fallo. Ahora será el Poder Judicial el encargado de determinar si confirma la decisión del juez o si ordena la captura inmediata de los presuntos integrantes de Los Despiadados de Ancón II, una organización que, según las investigaciones, convirtió la extorsión a transportistas en un negocio millonario en Lima Norte.

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