La muerte de E. J. C. B., el adolescente de 17 años que falleció mientras permanecía detenido en la comisaría de Manchay, volvió a colocar a este sector de Lima Este en el centro de la atención pública. Esta vez, una manifestación convocada para exigir justicia terminó con el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de efectivos policiales y nuevas críticas a la actuación de las autoridades.
La concentración se desarrolló frente a la dependencia policial de Manchay, en Pachacámac. Familiares, amigos, vecinos y ciudadanos llegaron con pancartas y megáfonos para expresar su respaldo a los padres del menor y reclamar el esclarecimiento de los hechos.
Durante varias horas, los asistentes permanecieron en los exteriores de la comisaría. Sin embargo, conforme avanzó la jornada, se registraron incidentes que derivaron en la intervención policial para dispersar a los manifestantes.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran momentos de tensión y confusión. En los videos se observa a personas retirándose de la zona mientras se percibe el efecto de los gases lacrimógenos utilizados por los agentes del orden.
La protesta tuvo como origen la muerte del adolescente ocurrida el pasado 15 de junio. Según la información conocida hasta el momento, el menor permaneció recluido durante 48 horas en la carceleta de la comisaría de Manchay luego de que la madre de su presunta enamorada lo acusara de haber ingresado a una vivienda para cometer un robo.
Los padres del adolescente rechazan esa versión y han formulado denuncias sobre lo que habría ocurrido durante el tiempo que su hijo permaneció bajo custodia policial.
De acuerdo con sus declaraciones, el menor habría sufrido presuntos maltratos, agresiones físicas y actos de tortura. Asimismo, denunciaron que policías les habrían solicitado dinero a cambio de otorgarle la libertad.
El adolescente fue hallado en estado grave dentro de la dependencia policial y posteriormente trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. A raíz de ello, la Fiscalía inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Mientras la Policía sostiene la hipótesis de una presunta autolesión, la familia rechaza esa explicación. El padre del menor cuestionó la versión policial y sostuvo que la prenda señalada como elemento utilizado para el supuesto acto no contaba con las características descritas por las autoridades.
La gravedad del caso llevó al Ministerio del Interior a separar temporalmente al comisario de Manchay y a otros cinco efectivos policiales mientras avanzan las investigaciones.
Paralelamente, el Ministerio Público continúa recopilando testimonios, revisando registros y ejecutando diligencias para determinar qué ocurrió durante las casi 48 horas que el adolescente permaneció bajo custodia.
La Defensoría del Pueblo también intervino y solicitó que las investigaciones se desarrollen con celeridad, independencia y transparencia. El organismo recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la integridad física de toda persona que se encuentre detenida.
En medio del debate, el congresista Alfredo Azurín pidió respetar la presunción de inocencia de los policías involucrados y sostuvo que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades sobre la base de pruebas.
Por su parte, el general Eduardo Pérez Rocha señaló que podría haberse producido una presunta negligencia, al recordar que un menor de edad no puede ser ingresado a un calabozo. Además, cuestionó las condiciones de vigilancia que habrían existido durante la permanencia del adolescente en la dependencia policial.
Mientras continúan las diligencias y la comunidad de Manchay mantiene vigente su pedido de justicia, la muerte del adolescente sigue generando interrogantes que esperan respuesta. La familia ha anunciado que continuará participando en movilizaciones y actividades públicas hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
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