La noche del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional no solo dejó luces, música y un recinto abarrotado. Días después, ese mismo evento se convirtió en el centro de una investigación fiscal por el presunto uso indebido de palcos oficiales asignados al Instituto Peruano del Deporte (IPD).
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició diligencias contra el presidente del IPD, Sergio Ludueña, tras conocerse que personas allegadas habrían accedido a estos espacios durante el espectáculo realizado el pasado 16 de enero en Lima, sin una justificación formal conocida hasta el momento.
La revelación fue realizada por el portal de investigación El Foco, que dio cuenta de la falta de transparencia en los protocolos de uso de los palcos oficiales del principal escenario deportivo del país, lo que generó cuestionamientos inmediatos.
El Ministerio Público solicitó al IPD información detallada sobre los registros de acceso, contratos de uso, cámaras de videovigilancia, relación del personal de seguridad y la identificación del funcionario responsable de la administración de estos espacios durante eventos no deportivos.
El requerimiento fiscal busca esclarecer quién autorizó el ingreso al palco del IPD y bajo qué condiciones se produjo, así como verificar si existieron irregularidades en el control y uso de estos ambientes durante el concierto del artista puertorriqueño.
En paralelo, la Fiscalía también abrió investigación por presunto peculado de uso contra Milena Merino Torrejón, experiodista deportiva, quien —según el informe— asistió al concierto junto a dos amigas desde uno de los palcos oficiales asignados al IPD.
Hasta ahora, ni el Instituto Peruano del Deporte ni Merino Torrejón han emitido comunicados oficiales o descargos públicos sobre el acceso a estos espacios durante el evento musical.
El pedido del Ministerio Público incluye, además, la entrega de expedientes de contratación, órdenes de servicio, términos de referencia, comprobantes de pago y los protocolos internos que regulan el uso de palcos oficiales en actividades privadas.
De acuerdo con la documentación revisada por El Foco, Milena Merino no figura como trabajadora permanente del IPD, aunque recibió una orden de servicio por 24 mil soles para realizar labores de comunicación institucional durante un periodo de 40 días.
La contratación se realizó pocos días después de que Sergio Ludueña asumiera la presidencia del IPD y, según el informe, Merino cuenta únicamente con grado de bachiller y no registra experiencia previa en el sector público.
El expediente que sustenta el pago consta de siete páginas, compuestas en su mayoría por fotografías, y atribuye a su labor un incremento del 42 % en la visibilidad institucional y un aumento del 45 % en el alcance mediático de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, cifras que no han sido validadas oficialmente.
Consultado por la prensa durante una inspección en la VIDENA junto a representantes de Panam Sports, Ludueña señaló que el IPD se encuentra recopilando la información solicitada y que será entregada dentro de los plazos establecidos.
Mientras la Fiscalía avanza con las diligencias por presunto delito contra la administración pública, el caso vuelve a colocar bajo observación la gestión del IPD, en medio de otros cuestionamientos periodísticos que aún no han recibido respuesta oficial.
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