La noche en que Marleni Martha Rucana Silvestre subió a una camioneta roja, no había señales de que ese trayecto marcaría el final de su historia. Tenía 27 años, ocho de servicio en la Policía Nacional y una rutina marcada entre el trabajo y los estudios de Derecho. Aquella vez, aceptó la invitación de alguien en quien confiaba.
El 21 de febrero, el brigadier José Enrique Villafán Arteaga la esperó a la salida de la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente, en Huaraz. La invitó a cenar y le ofreció llevarla a casa. No era un desconocido. Era colega, asesor legal de la región policial y una persona cercana a su entorno familiar.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la suboficial subió a la camioneta Ford Ranger de placa BJN906. Ambos se dirigieron a un restaurante en Ranrahirca. Después de esa salida, no hubo más rastros de ella con vida.
Cuando su madre comenzó a buscar respuestas, el propio Villafán aseguró que la había dejado en Huaraz. Le pidió esperar 48 horas antes de denunciar su desaparición. Incluso se ofreció a ayudar. Pero, según la investigación, esas primeras horas fueron determinantes.
El rastro de la suboficial se perdió el 22 de febrero. Durante los días siguientes, la angustia creció entre familiares y compañeros, mientras la búsqueda avanzaba sin resultados. La incertidumbre se mantuvo hasta que una pista cambió el rumbo del caso.
La camioneta roja apareció en Lima. Tenía una requisitoria vigente y era conducida por Mateo Villafán Arteaga, hermano del brigadier. Según las autoridades, el vehículo había sido enviado para borrar evidencias.
Las diligencias revelaron que el asiento delantero había sido desmantelado, al igual que cinturones y tapetes. La intención, de acuerdo con la investigación, era eliminar cualquier rastro que comprometiera al propietario del vehículo.
Sin embargo, los peritos de criminalística utilizaron reactivos que confirmaron la presencia de sangre humana en la zona del copiloto y en los posavasos. Pese a los intentos de limpieza con químicos, los indicios permanecían.
Las pericias biológicas determinaron que en el interior de la camioneta ocurrió un hecho violento. Ese resultado terminó por debilitar la versión del brigadier y lo colocó en el centro de la investigación.
La necropsia preliminar indicó que la suboficial habría recibido un disparo en la cabeza. Mientras tanto, durante el registro en la vivienda del investigado, no se encontró su arma de reglamento. La prueba de absorción atómica quedó pendiente para determinar si disparó.
Con el avance de las diligencias, el cerco se cerró. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Villafán Arteaga, al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción en su contra, además de riesgo de fuga y de obstaculización.
Frente a ese escenario, el brigadier rompió el silencio. Confesó su participación y reveló el lugar donde había arrojado el cuerpo. La versión que ofreció, sin embargo, fue distinta a la que sostenían los investigadores.
Afirmó que todo fue un accidente, que ambos manipulaban un arma y que el disparo se produjo en esas circunstancias. Pero esa explicación no convenció a los especialistas.
El perito forense Piero Montes fue directo al evaluar los hechos: “Encontramos, por el modo de brutalidad, por el modo de deshacerse del cuerpo y de involucrar a más personas, que eso no puede ser un accidente. Hay una conducta premeditada”.
El cuerpo de Marleni Martha Rucana Silvestre fue encontrado envuelto en una bolsa, en una zona de matorrales en Paltay, cerca de la vía que une Taricá con Huaraz, a pocos minutos de la base donde trabajaba.
La confirmación de su identidad cerró días de búsqueda, pero abrió una herida profunda en su familia y en la institución. La noticia se extendió rápidamente, dejando una sensación de incredulidad.
Quienes la conocían la describieron como una joven alegre, estudiosa y comprometida con su labor. Cursaba los últimos ciclos de Derecho con la intención de convertirse en abogada.
La cercanía con su agresor es uno de los elementos más dolorosos del caso. Villafán no solo era su colega. También había sido abogado de la familia y mantenía una relación de confianza con ellos.
Los chats hallados en su teléfono evidencian una comunicación cotidiana entre ambos. Coordinaban actividades y mantenían una relación cercana, sin señales previas que anticiparan el desenlace.
Hoy, la familia exige la máxima sanción. Consideran que hubo alevosía y traición. Mientras tanto, el brigadier permanece con prisión preventiva y suspendido del servicio, en medio de un proceso que busca esclarecer completamente lo ocurrido.
En Áncash, el caso dejó una marca difícil de borrar. No solo por la muerte de una suboficial, sino por la sombra que se proyecta cuando la violencia surge desde dentro de la propia institución encargada de combatirla.
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