La tragedia de Sheylla Gutiérrez Rosillo no empezó el día en que su nombre apareció en los titulares. Comenzó mucho antes, en el silencio de una violencia sostenida, en discusiones que se arrastraban desde años atrás y en una decisión que llegó demasiado tarde. La joven peruana de 33 años alcanzó a hablar con su madre el mismo día en que fue asesinada, como si esa llamada fuera un último intento por aferrarse a la vida.
Ese 9 de agosto, en California, Sheylla realizó una videollamada que hoy pesa como una despedida. Según relató su madre, Helga Rosillo, la joven le confesó que ya no soportaba más la situación que vivía con su esposo, Jossimar Cabrera Cornejo, y que estaba decidida a denunciarlo. Era una determinación tomada tras años de episodios de violencia.
La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, reveló que la familia autorizó compartir ese testimonio. “Ella habló con su hija y le dijo: ‘ya no puedo más con esta situación que viene de años’”, señaló, confirmando que Sheylla estaba dispuesta a dar el paso de denunciar a su pareja.
Horas después de esa conversación, Sheylla desapareció. Fue reportada como no habida ese mismo 9 de agosto, mientras su entorno más cercano empezaba a sospechar que algo grave había ocurrido. La alerta cruzó fronteras y activó la búsqueda en Estados Unidos.
Vivía en California junto a Cabrera y sus tres hijos desde 2023. Habían viajado con la esperanza de mejorar su calidad de vida, pero, según sus padres, los celos y las discusiones se intensificaron tras la llegada a EE.UU., especialmente por el éxito laboral de Sheylla, quien consiguió dos empleos en poco tiempo.
Las cámaras de seguridad del vecindario captaron escenas que se volverían clave en la investigación. En una de ellas, se observa a Jossimar Cabrera saliendo del condominio con sus hijos. Horas después, regresa solo, con una actitud nerviosa. En la madrugada, otra grabación lo muestra arrastrando un bulto de gran tamaño envuelto en sábanas.
Una semana más tarde, el 16 de agosto, el cuerpo de Sheylla fue hallado en el Bosque Nacional de Los Ángeles, al fondo de un barranco. Las imágenes difundidas coincidían con el hallazgo y reforzaron las sospechas sobre el esposo, señalado como principal implicado.
Un médico forense en Estados Unidos analizó el video y concluyó que una persona de la contextura de Sheylla podría caber en ese espacio si estuviera flexionada. Esa evaluación se convirtió en una de las evidencias más contundentes del caso.
No era la primera vez que Sheylla denunciaba violencia. En 2017, en el Perú, había acusado a Cabrera por agresión física y amenazas. Según el parte policial de ese año, fue subida a la fuerza a un vehículo, insultada y golpeada frente a su hijo de casi dos años. A pesar de ese antecedente, la relación continuó.
Tras la desaparición, Cabrera viajó con sus tres hijos a México. Intentó justificar la ausencia de Sheylla alegando que había sido retenida por autoridades migratorias, versión que fue descartada por las propias autoridades estadounidenses. Los niños fueron luego repatriados al Perú gracias a gestiones de la Cancillería y los consulados en Los Ángeles y México.
Jossimar Cabrera también regresó al Perú y fue intervenido a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, fue liberado al no existir una denuncia formal en territorio peruano ni un requerimiento legal activo desde Estados Unidos en ese momento. Su abogado confirmó entonces que el investigado no brindó declaraciones sustanciales sobre el paradero de su esposa.
El escenario cambió con el avance de las investigaciones en California. Las autoridades estadounidenses presentaron pruebas suficientes para sostener la acusación de homicidio y ocultamiento de pruebas. En paralelo, el Poder Judicial del Perú dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición.
La Policía peruana ubicó a Cabrera una semana después de emitida la orden de captura internacional. Tras permanecer varios días como no habido, se entregó el 27 de agosto a la Interpol en Lima, acompañado de su abogado. Desde entonces, quedó bajo detención preventiva mientras se resolvía su situación legal.
El proceso avanzó con rapidez. El 6 de octubre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El 30 de octubre, el Poder Ejecutivo autorizó la entrega.
El último viernes 12 de diciembre, el traslado se concretó. Desde temprano, el operativo se puso en marcha. Según detalló Jesy Gutiérrez, hermana de Sheylla, la entrega se realizó a las 7 de la mañana y el acusado fue llevado al aeropuerto policial para abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos.
Hoy, Jossimar Cabrera permanece recluido en una cárcel del condado de Los Ángeles. La Fiscalía local lo acusa formalmente de asesinato, bajo los artículos 187(a) y 12022(b)(1) del Código Penal de California, delitos que contemplan penas de hasta cadena perpetua.
La extradición cerró la etapa peruana del caso y abrió una nueva fase marcada por el juicio en territorio estadounidense. Para la familia de Sheylla, la espera continúa, sostenida por la esperanza de que la justicia alcance, aunque tarde, a quien fue señalado como responsable de un feminicidio que comenzó con una llamada y terminó en silencio.
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