Mafias de extorsionadores sufrieron un duro golpe cuando en una sorpresiva requisa en dos pabellones del penal Ancón 1 (Piedras Gordas) se incautó 52 celulares de alta gama que presidiarios usaban para exigir dinero a sus víctimas y amenazarlas de muerte.
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Los modernos aparatos telefónicos estaban ocultos en caletas, debidamente preparadas, de celdas de los pabellones 1 y 6 del presidio y en medias de los internos.
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Detectives de la División Antisecuestros y Extorsiones de la Dirincri y agentes del Instituto Nacional Penitenciario también hallaron hojas de cuaderno con números de celulares y de cuentas bancarias de agraviados a quienes les exigieron el pago de cupos.
En el Perú, la ley sanciona la extorsión con hasta 30 años de prisión, dependiendo de los agravantes.
Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hay 1.024 presos por este delito, es decir, el 1,18% de la población penal del país.
El exministro el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, le dijo hace poco a la agencia France Press, que “la extorsión siempre ha existido en Perú, pero entre 2006 y 2012 el cobro de cupos empieza a extenderse como una mancha de aceite ante el crecimiento económico y la poca capacidad de la policía”.
Precisó que “el auge actual se debe al incremento de la economía informal, que aumentó con el covid-19″, señala. “Toda actividad económica es plausible de cobro de cupos para las mafias”, destaca.
Se sabe que las bandas suelen cobrar entre 5 mil, diez mil o 15 mil soles a los empresarios cevicheros, panaderos o de cualquier rubro. También exigen cupos a colegios particulares y últimamente a dueños de viviendas en barrios populares que hacen refacciones en sus modestas casas.
El Ministerio Público reveló a la AFP que hasta 2019 se denunciaban más de 5 mil intentos de extorsión cada año en Perú, pero la cifra cayó a la mitad con la pandemia.
“El 2022, de enero a mayo, ya estamos contando con un aproximado de 2.000 denuncias. Como que la tendencia vuelve al mismo nivel de lo que era antes o probablemente puede superar el límite”, explica el fiscal Jonas Padilla Morán a la AFP.
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