La familia de Bruno Medina Zúñiga, estudiante universitario de 25 años que murió tras un presunto ataque con sedantes en Miraflores, vive horas de incertidumbre. Las dos mujeres procesadas por el caso están a punto de recuperar su libertad luego de que vencieran los plazos máximos de la prisión preventiva.
Joselin Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes permanecen recluidas en el penal Santa Mónica, pero su situación podría cambiar mientras el proceso judicial continúa sin una sentencia firme. Los deudos temen que ambas abandonen el país antes de responder por la muerte del joven.
El padre de la víctima, Richard Medina, denunció que el juicio oral regresó a fojas cero debido a las constantes dilaciones y a los cambios de magistrados en el Poder Judicial. La familia cuestiona que, después de más de dos años, el caso todavía no llegue a una resolución definitiva.
El proceso se inició por un hecho ocurrido el 16 de marzo de 2024, cuando Bruno Medina salió con sus amigos a un local de la calle de las Pizzas, en Miraflores. Lo que comenzó como una reunión terminó en una investigación por robo y homicidio.
La noche que terminó en tragedia
Según las investigaciones, las dos acusadas abordaron al grupo de jóvenes y los acompañaron hasta un departamento. Las pericias toxicológicas determinaron que se habrían colocado benzodiacepinas en latas de cerveza con la finalidad de adormecer a las víctimas y apoderarse de sus pertenencias.
La mezcla de los fármacos con alcohol provocó un edema cerebral mortal en Bruno Medina. Sus compañeros, que también habrían sido afectados por las sustancias, sobrevivieron al ataque.
Las diligencias policiales permitieron reconstruir parte de lo ocurrido en el inmueble. El caso fue llevado a los tribunales mientras la familia buscaba esclarecer las circunstancias de la muerte del estudiante de ingeniería.
Sin embargo, el avance del proceso no tuvo el ritmo esperado por los deudos. Las constantes reprogramaciones y modificaciones en el equipo judicial terminaron afectando el desarrollo del juicio oral.
Un juicio que volvió al inicio
Richard Medina explicó que el proceso sufrió un quiebre formal tras la rotación de tres jueces y tres fiscales distintos. Según su denuncia, las audiencias eran reprogramadas de manera reiterada y algunas sesiones apenas duraban 15 minutos.
En un primer momento, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra las procesadas. La medida fue ampliada en dos oportunidades, pero finalmente vencieron los plazos máximos de la detención cautelar.
La familia considera que esta situación deja en riesgo el avance del caso y cuestiona que las acusadas puedan salir de prisión sin que exista una sentencia firme. Los deudos temen que aprovechen esa posibilidad para abandonar el territorio nacional.
Familia pide que no se repita la historia
A las preocupaciones por la excarcelación se suman las evidencias que, según las investigaciones, vinculan a las procesadas con el robo. Las cámaras de seguridad registraron que ambas habrían utilizado las tarjetas bancarias de Bruno Medina en centros comerciales después de sustraerle sus celulares.
Los familiares solicitaron al tribunal que evalúe medidas restrictivas, entre ellas el impedimento de salida del país, para evitar una eventual fuga. También exigieron que se acelere el proceso y se establezcan responsabilidades por la muerte del joven.
Richard Medina pidió celeridad a las autoridades judiciales para que el caso no continúe postergándose. La familia sostiene que necesita una respuesta concreta después de los retrasos que han marcado el proceso.
Mientras las dos mujeres permanecen a la espera de una decisión sobre su libertad, los deudos de Bruno Medina continúan reclamando justicia. El caso sigue en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial, que deberán definir las medidas correspondientes y el rumbo del juicio.
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