El suboficial Julio Calderón Díaz, miembro del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), murió el pasado 12 de junio tras recibir dos impactos de bala durante un enfrentamiento en el asentamiento humano Eduardo de la Pinela, en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, un hallazgo posterior ha puesto en duda detalles clave del caso: la bala que acabó con su vida apareció deformada y no puede ser analizada balísticamente.
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Una placa de rayos X, realizada en la Morgue Central de Lima, muestra que la bala que produjo el deceso se alojó en la cavidad abdominal del agente y se encontraba completa.
La bala estaba completa y ahora aparece deformada según informe. Foto: América
Sin embargo, un peritaje balístico al que accedió la Unidad de Investigación de América revela que el proyectil apareció incompleto. El informe del Servicio de Diagnóstico por Imágene dice que se trata de un fragmento de plomo “parcialmente deformado”, lo que imposibilita saber con certeza qué arma lo disparó.
Otro dato extraño es que el proyectil pesa 9.4 gramos, un peso mayor a los proyectiles hallados en la escena del crimen, y presenta daños en su base, cuerpo y ojiva. La pericia balístico forense concluyó que el impacto contra una superficie dura y resistente lo volvió inaprovechable para el estudio comparativo. Esto significa que no se puede determinar a quién pertenece el arma que lo percutó.
El caso ha abierto una serie de interrogantes entre los peritos, la familia del fallecido y la opinión pública: ¿Es realmente la bala que mató al suboficial Calderón? ¿Por qué está deformada? ¿A quién favorece que no se pueda identificar el arma?
EFECTIVO PNP ENTRE LOS ACUSADOS DEL CRIMEN
Como se recuerda, el enfrentamiento ocurrió cuando los agentes del GRECCO realizaban un operativo contra presuntos delincuentes. Además del suboficial Calderón, otros tres agentes resultaron heridos en la balacera que involucró a los sujetos Paul Galicia Chacón (también policía en actividad), Elio Mundaca, Luis Córdova y Humberto Apayco.
La Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho abrió una investigación por homicidio calificado contra los cuatro implicados. En audiencia, la fiscal provincial Margarita Haro Pinto presentó las pericias, registros domiciliarios y testimonios que vinculaban a los acusados con el crimen del agente.
Paul Ángel Galicia Chacón, policía en actividad que habría disparado contra el equipo de Grecco SJL.
El Poder Judicial aceptó el requerimiento y dictó 18 meses de prisión preventiva para los imputados. Paul Galicia, el agente PNP detenido, reconoció haber disparado, pero alegó que no sabía que las personas a las que apuntaba eran también policías, ya que —según él— no estaban identificados.
Sin embargo, su defensa no fue suficiente. La versión fue desestimada por la fiscalía al no encontrarla sólida, y Galicia Chacón terminó tras las rejas junto con los otros tres sindicados.
FAMILIARES EXIGEN EXPLICACIONES
Tras el crimen, una de las familiares de Julio Calderón alzó la voz para pedir justicia. Cuestionó la falta de protección que tuvieron los agentes del GRECCO en ese operativo y responsabilizó a los mandos policiales y al Ministerio del Interior por no garantizar su seguridad.
Según su testimonio, los policías no llevaban chalecos de protección, pese a que se sabía que los sujetos a intervenir podrían estar armados. La institución policial reconoció que los detenidos eran parte de una presunta banda criminal y que abrieron fuego contra los efectivos, pero no precisaron si estos contaban con los implementos reglamentarios para su seguridad.
El operativo, que pretendía ser un golpe al crimen organizado, terminó en tragedia. Y ahora, la aparición de un proyectil deformado que no puede ser estudiado solo suma más sombras a un caso que exige respuestas claras y justicia para la familia del suboficial asesinado.
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