La motocicleta negra se desplazaba por la cuadra 17 de la avenida 3 de Octubre, en Comas. Eran los alrededores del domicilio de un transportista cuando la policía cerró el paso. A bordo iban dos jóvenes extranjeros que, según las investigaciones, estaban a punto de ejecutar un nuevo ataque contra el transporte informal en Lima norte.
Jesús André Pabuena Lugo, de 18 años, e Israel Antonio Aular Colina, de 20, ambos de nacionalidad venezolana, fueron intervenidos por agentes de la División de Investigaciones de Extorsiones. Se movilizaban en una motocicleta lineal y, de acuerdo con la Policía, realizaban un reglaje en el paradero José Olaya.
En el registro personal, los agentes hallaron una pistola Glock con su cacerina y 12 municiones. También se les decomisó un teléfono celular por donde recibían instrucciones, varios documentos y una tarjeta de Interbank.
El arma no era cualquier arma. Había sido reportada como robada en agravio del suboficial PNP Pedro Paul Alonso Morán Sánchez, quien el 6 de enero último, a las 4.49 de la madrugada, fue reducido por un delincuente que le arrebató la mochila donde guardaba su pistola de reglamento.
Con esa misma Glock, según la confesión de uno de los detenidos, iban a asesinar a un transportista. Durante el interrogatorio, Jesús André Pabuena Lugo admitió que fue contratado por S/1500 para victimar a “un señor de nombre William”.
El coronel Holger Obando Cristobal, jefe de la División de Investigaciones de Extorsiones, señaló que los sujetos, a bordo de la motocicleta, pretendían atentar contra una línea de transportes colectivo. Fueron capturados cuando se desplazaban por inmediaciones de la vivienda del presunto objetivo.
El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, indicó que esta banda se dedicaba a la ejecución de actos extorsivos contra diferentes unidades de transporte público en Lima norte. Precisó que los detenidos fueron intervenidos en flagrancia por extorsión agravada, tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los extranjeros habrían recibido órdenes de una organización que opera en los paraderos de José Olaya, donde se exige el pago de cupos a empresas de transporte informal.
El intento de sicariato ocurre en un contexto alarmante. Hace una semana, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público informó que entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.
Estos ataques dejaron 169 víctimas: 93 fallecidos y 76 heridos. Como consecuencia, se abrieron 117 investigaciones fiscales. El 81% de los atentados se cometió bajo la modalidad de interceptación y en nueve de cada diez casos se utilizó arma de fuego.
El 76% de los hechos involucró vehículos motorizados y, de ellos, el 65% correspondió a motos lineales ocupadas por más de una persona. Lima Norte concentró el 32.8% de los atentados y Lima Sur el 24.8%.
Distritos como Bellavista y San Juan de Lurigancho registraron nueve víctimas fatales cada uno; San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, ocho; Comas y Los Olivos, seis; y Chorrillos, cinco. En conjunto, representan el 54.8% de las víctimas mortales del periodo analizado.
Tras la intervención, Aular Colina Israel Antonio —quien conducía la motocicleta— y su cómplice fueron trasladados a las carceletas de la Dirincri bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades cruzan información para determinar si participaron en otros hechos delictivos recientes.
La recuperación del arma del suboficial Morán Sánchez se convirtió en una pieza clave del caso. Para la Policía, confirma el nexo entre el robo a mano armada ocurrido en enero y el plan de sicariato frustrado en Comas. Mientras tanto, la vigilancia en los paraderos informales ha sido reforzada para evitar nuevos atentados contra los transportistas.
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