La situación legal de Andrés Hurtado sumó un nuevo capítulo. El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para ampliar por 18 meses la prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación que lo vincula con presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado.
La medida fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, tras una audiencia realizada el pasado 11 de marzo. Con esta decisión, el también conocido como ‘Chibolín’ permanecerá recluido hasta septiembre del 2027.
El plazo adicional implica que Hurtado superará los tres años en prisión desde su detención, ocurrida el 19 de septiembre del 2024. La resolución también dispone que el Instituto Nacional Penitenciario ejecute lo ordenado.
Durante la audiencia, el juez supremo Juan Carlos Checkley evaluó los argumentos del Ministerio Público, que sostuvo la necesidad de ampliar la medida debido a la complejidad del caso y a la existencia de diligencias pendientes dentro de un expediente que involucra a varios investigados.
La Fiscalía, representada por el fiscal adjunto supremo Denis Pérez, indicó que el caso presenta un alto nivel de complejidad, lo que requiere más tiempo para continuar con las investigaciones y ejecutar actos procesales clave.
Entre los nuevos elementos incorporados figuran testimonios que darían cuenta de presuntos pagos indebidos y movimientos de dinero hacia cuentas de terceros vinculados al investigado. También se mencionó la existencia de declaraciones que apuntan a transferencias ordenadas a familiares y allegados.
Según la hipótesis fiscal, Hurtado habría utilizado su posición para ofrecer interceder en instancias del sistema de justicia con el fin de beneficiar a un empresario. En este mismo caso también aparece la exfiscal superior Elizabeth Peralta, además de otros investigados.
El Ministerio Público también advirtió que existen diligencias pendientes, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el análisis de información vinculada a otros implicados, lo que incrementa la carga del proceso.
Otro de los puntos centrales de la decisión judicial fue el riesgo de fuga. La Fiscalía sostuvo que Hurtado no cuenta con arraigo domiciliario, familiar ni laboral. Según lo expuesto, no tendría residencia estable, su vínculo laboral con un medio de comunicación se encuentra suspendido y su entorno familiar no garantiza su permanencia en el país.
Además, se mencionó el uso de múltiples líneas telefónicas y cuentas bancarias de terceros, lo que refuerza, según el Ministerio Público, el peligro procesal.
Por su parte, la defensa del exconductor se opuso a la ampliación de la prisión preventiva. Su abogado argumentó que la investigación ya habría concluido y que la medida vigente estaba próxima a vencer, por lo que consideró innecesaria su prolongación.
También señaló que Hurtado es padre de una menor con necesidades especiales y cuestionó que no se haya valorado su situación familiar. Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por el juzgado.
Con esta resolución, el proceso contra Andrés Hurtado continúa en una etapa clave, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un caso que sigue en desarrollo.
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