
Durante meses evitó a la justicia. Cambió su apariencia y se movió en zonas de difícil acceso. Pero este lunes 4 de mayo de 2026, José Carlos Estrada Huayta fue finalmente ubicado y detenido en la región Ucayali. Sobre él pesaba una sentencia firme de 28 años y 3 meses de prisión por el asesinato de cuatro líderes asháninkas en 2014.
El operativo se ejecutó en el caserío Pampas Verdes, en el distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo. Agentes policiales llegaron hasta el kilómetro 24 de la carretera Federico Basadre tras recibir información de un ciudadano. Allí, en una zona apartada, lograron ubicar al prófugo.

Estrada Huayta presentaba un cambio notorio en su apariencia: barba crecida y canosa. Sin embargo, al ser intervenido, se identificó plenamente. La verificación en el sistema E-SINPOL confirmó la orden de captura vigente emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Pucallpa.
Su nombre no era uno más. Figuraba en la lista de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de 50 mil soles por información sobre su paradero. Desde febrero de este año, su ubicación era una prioridad para las autoridades.
La captura se produce luego de varios meses de búsqueda y en medio de un proceso que, pese a tener sentencia firme desde 2025, no había podido ejecutarse por la fuga de los implicados.
UN CRIMEN QUE MARCÓ UNA DÉCADA
El caso por el que fue condenado se remonta a septiembre de 2014. Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, líderes de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, fueron asesinados tras denunciar actividades de tala ilegal en sus territorios.
La investigación determinó que Estrada Huayta y otros implicados eran responsables del delito de homicidio calificado con alevosía. El proceso judicial tomó más de una década en llegar a una sentencia firme.
El 26 de agosto de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión contra los responsables. En el mismo fallo, se estableció el pago de una reparación civil de 400 mil soles, que debía ser asumida de manera solidaria.
A pesar de la resolución, varios de los sentenciados no habían sido detenidos. Entre ellos, Hugo Soria Flores, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix, quienes aún continúan prófugos.

CAPTURA Y DEUDA PENDIENTE
Tras su detención, Estrada Huayta fue trasladado a la comisaría de Campo Verde y puesto a disposición de las autoridades judiciales. En los próximos pasos, será internado en un establecimiento penitenciario para cumplir la condena.
Su captura representa un avance en la ejecución de la sentencia del Caso Saweto, que permanecía incompleta debido a la fuga de los responsables. Sin embargo, el proceso aún no concluye.
Durante más de once años, los familiares de las víctimas y organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigieron justicia. Denunciaron retrasos en el proceso y falta de acción estatal frente a un crimen que tuvo repercusión nacional e internacional.
El asesinato de los líderes ashánincas expuso la vulnerabilidad de quienes defienden sus territorios frente a economías ilegales como la tala de madera. La violencia detrás de ese conflicto quedó registrada en uno de los casos más graves de los últimos años.
Hoy, con uno de los condenados bajo custodia, el caso vuelve a avanzar. Pero la búsqueda continúa. Las autoridades mantienen en la mira a los otros implicados para que la sentencia se cumpla en su totalidad.










