Quince presuntos integrantes de ‘La Nueva Generación del Tren de Aragua’, entre ellos 11 ciudadanos venezolanos y cuatro peruanos, fueron detenidos durante operativos realizados en El Agustino, Santa Anita y Huarmey, acusados de secuestrar, torturar y extorsionar a empresarios y trabajadores mineros, mientras que la Policía les atribuye al menos cinco secuestros y el cobro de fuertes sumas de dinero por las liberaciones.
Los allanamientos fueron ejecutados por agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco), que irrumpieron en varios inmuebles señalados como presuntos centros de cautiverio y coordinación criminal.
Según las investigaciones policiales, las viviendas intervenidas eran utilizadas para mantener retenidas a las víctimas mientras sus familiares negociaban pagos para lograr su liberación. En algunos casos, las exigencias económicas superaban los 100 mil soles.
La Policía identificó a la organización como una facción vinculada al Tren de Aragua. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que entre las víctimas figuran un ingeniero y un empresario minero que habría pagado hasta 300 mil soles para recuperar su libertad.
Las pesquisas indican que la organización operaba mediante una modalidad repetida. Mujeres captaban a empresarios y trabajadores mineros en locales nocturnos, ganaban su confianza y luego los conducían hacia puntos previamente coordinados.
En esos lugares, otros integrantes armados interceptaban a las víctimas y las trasladaban a inmuebles donde permanecían secuestradas durante varios días mientras se desarrollaban las negociaciones con sus familias.
Durante las investigaciones, la Policía detectó que las víctimas eran sometidas a violencia física para presionar los pagos. Óscar Arriola informó que una de las detenidas fue reconocida por agraviados como la mujer encargada de mutilar dedos de los secuestrados.
“Estos cinco casos de secuestro, donde uno ha terminado con muerte subsecuente, es por encargo”, declaró el jefe policial ante la prensa.
Según explicó, las víctimas eran seleccionadas dentro de entornos donde también existía trata de personas y eran identificadas por mujeres que ofrecían servicios sexuales.
La presión policial permitió además la reciente liberación de un ingeniero que había sido secuestrado en Santa Anita. Las autoridades continúan recopilando información para establecer el número total de víctimas y el alcance de la organización criminal.
Durante el operativo, varios sospechosos intentaron escapar lanzándose desde el tercer piso de uno de los inmuebles allanados. Algunos resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud.
Una mujer terminó gravemente herida tras caer desde uno de los edificios intervenidos y permanece internada bajo atención médica, mientras continúan las diligencias policiales.
En los inmuebles allanados, los agentes encontraron armas de fuego, teléfonos celulares, motocicletas y droga. Para la Policía, estos elementos evidencian la estructura criminal de la organización.
Óscar Arriola explicó que las motocicletas eran utilizadas para vigilar y seguir a las víctimas antes de concretar los secuestros.
“Estas motocicletas son utilizadas para marcar, vigilar y estudiar a sus víctimas, y ver el lugar donde los privan de la libertad”, sostuvo.
El jefe policial agregó que las mismas motos aparecen vinculadas a otros hechos violentos, por lo que no se descarta que algunos integrantes también estén relacionados con actividades de sicariato.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, donde afrontan investigaciones por secuestro, homicidio, extorsión, privación de la libertad y otros posibles delitos vinculados al crimen organizado.
Mientras avanzan las diligencias, la Policía busca determinar cuántos secuestros más podrían estar relacionados con esta organización que operaba entre Lima Metropolitana y Huarmey.
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