La pandemia del COVID-19 no evitó que los acontecimientos policiales sigan reportándose en Lima. A los crímenes, denuncias de violación sexual y detenciones por incumplir normas se le suman otros casos que involucran a la PNP y que han generado varios cuestionamientos a la institución como las muertes de dos jóvenes manifestantes durante una marcha, la mal planteada intervención en una discoteca donde se realizaba un fiesta clandestina que terminó con varios fallecidos o la persecución policial a un auto que terminó con el deceso de un adolescente.
A continuación realizamos un recuento de los 10 casos policiales que marcaron este año:
El asesinato del empresario Isaac Hilario Huamanyalli, ocurrido en enero pasado, dentro de un local de McDonald’s, en el centro comercial Risso (Lince), aún continúa en investigación. El hecho ocasionó pánico, ya que el local se encontraba con gran cantidad de personas, incluso había niños en la zona de juegos. Además, en ese espacio también se suelen celebrar las fiestas de cumpleaños.
Ese día, pasada las 10 p.m. Isaac Hilario tenía un vuelo a Miami, Estados Unidos, donde radica hace cinco años. A sus familiares y allegados les dijo que se dirigía hacia el aeropuerto Jorge Chávez, pero en realidad fue a Lince.
Previamente, la víctima sostuvo una conversación a través de WhatsApp con Kaire Velasco, una ciudadana venezolana de 20 años con quien tenía una relación sentimental. Le dijo que estaba siendo “revisado”. Según la joven, horas antes, él se despidió de ella diciéndole que ya se iba al aeropuerto. No le dijo nada sobre la cena en Risso.
Las imágenes del local de McDonald’s muestran que Isaac Hilario estuvo acompañado de tres mujeres en el momento que fue asesinado de dos disparos en la cabeza por un sicario. El video mostró cuando tres sujetos ingresaron al local de comida rápida y van directamente a la mesa donde estaba el empresario. Uno de los sicarios, le dispara dos veces en la cabeza. Sus acompañantes escuchan los balazos y huyen del lugar.
Horas antes, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lince grabaron cómo las tres mujeres se desplazan por la avenida Arequipa, muy cerca del centro comercial Risso. Se sientan en una banca y una cuarta mujer se les acerca a conversar. A los pocos momentos, las cuatro mujeres vuelven a tener un encuentro en la puerta de McDonald’s, pero solo tres entran y se sientan en la mesa con Isaac Hilario.
A mediados de enero, la policía determinó, en base a pericias antropológicas, a dos de los tres sujetos que perpetraron el homicidio de Isaac Hilario. Se trató de los venezolanos Luis José Rodríguez Rodríguez (24) y Joelbi Alejandro Liendo Sánchez (35), quienes fueron detenidos en el denominado hotel Rojo de Punta Negra durante un operativo policial a inicios de ese mes.
A comienzos de marzo, un adolescente interceptó y raptó a una niña de 4 años cuando ella se encontraba en los exteriores de una casa situada en el cerro conocido como La Mina, en la zona de Payet, en Independencia. Todo fue registrado por una cámara de seguridad.
Luego de unas horas y tras una intensa búsqueda, el cuerpo de la menor de nombre Camila fue encontrado dentro de una bolsa de rafia en una vivienda deshabitada, ubicada en las faldas del cerro.
El sábado 29 de febrero pasado, Camila y su hermanita de 2 años habían sido dejadas por su madre, Mirella Huamán, al cuidado de una prima de 9 años. Mirella estaba en una celebración en donde el adolescente de 15 años -que luego secuestró, violó y asesinó a la niña- ya había salido.
Cámaras de seguridad registraron el instante en que el adolescente raptó a Camila aproximadamente a las 5:45 a.m. del domingo 1 de marzo, cuando la niña con su hermanita y su prima habían salido a comprar solas en una bodega debido a que Mirella Huamán aún no regresaba.
El acusado fue capturado por agentes de la División de Homicidios de la Dirincri en las inmediaciones del Mercado de Frutas, en La Victoria, donde había estado trabajando como estibador y ocultándose tras el asesinato de la pequeña Camila.
Fue el 8 de marzo, que el juez José Ronald Aliaga Rengifo dictó 36 meses de detención preventiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, para el investigado por el asesinato y violación de la menor.
En junio, el Quinto Juzgado de Familia, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sentenció a 8 años de internamiento en un centro juvenil de rehabilitación al adolescente.
Además, el Poder Judicial estableció que el menor pague 100 mil soles de reparación civil en favor de los padres de la víctima. Él fue procesado por secuestro agravado y violación sexual con subsecuente muerte.
La noche del pasado 22 de agosto, una intervención policial a la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, donde se celebraba una fiesta clandestina pese al estado de emergencia por el COVID-19, dejó el saldo de 13 personas fallecidas (12 mujeres y un hombre) y seis heridos.
Tras llegar el contingente policial al local situado en la avenida El Zinc, tres agentes ingresaron al lugar. Al interior había más de 120 personas, quienes bailaban y bebían bajo un ambiente decorado con luces psicodélicas. Después de ordenarle al encargado que pusiera fin a la fiesta, los policías dieron la voz de alto.
Según testimonios de los asistentes y videos difundidos por diferentes medios periodísticos, un grupo de policías ordenó a las mujeres ponerse en un solo lugar y bajar las escaleras en dirección a la puerta de salida. Sin embargo, en ese instante, varios comenzaron a correr hacia la puerta, lo que originó un tumulto que aplastó y asfixió a decenas de personas.
Luego, de que los policías ubicados en el exterior consiguieron abrir con una comba la puerta metálica de dos pliegues, las personas atrapadas pudieron salir. Aquellas con lesiones y problemas de asfixia recibieron atención en hospitales y clínicas. Sin embargo, otras 13 perdieron la vida.
Estas fueron: Jessica Vanesa Ramos Acevedo (35), Karen Milagros Ucañan Rodríguez (31), Daphne Fiorella Rioja Santos (23), Miriam Paola Rosso Loja (27), Angie Inés Flores Esminio (22), Lyz Yoselyn Melosevich Huanca (27), Sandra Thalía Peña Osco (24), Milagros Roxana Quiroz Sánchez (21), Mayhurit Salcedo Velásquez (26), Alison Daya Montañez Sudario (24), Mercedes Miksu Sánchez Sánchez (24) y Joan Diego Flores Paz (30).
Según el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro, en el 2016 la gestión municipal de ese entonces le otorgó a este local una licencia de funcionamiento como restaurante. El permiso no fue renovado, ya que la empresa no había tramitado su certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Además, en junio del 2019, cuando el hoy congresista Daniel Urresti era jefe de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de Los Olivos, este local fue intervenido.
En total se detuvo a 23 personas durante la intervención a la discoteca Thomas Restobar. De estas, 15 dieron positivo al COVID-19 en las pruebas serológicas. Asimismo, un informe realizado por el programa Cuarto Poder indicó que tres de los detenidos registraban antecedentes penales.
Este caso ocasionó que el 9 de setiembre pasado Jorge Montoya renuncie al cargo de ministro del Interior, en el cual permaneció solo 56 días. En su reemplazo fue nombrado el general en retiro de la Policía Nacional, César Gentile.
Vale precisar también se procedió a remover de su cargo al personal involucrado en el operativo en Los Olivos. Se trató de 10 oficiales que fueron reasignados en nuevos puestos. Entre ellos figura el capitán José Amézquita Lucana, quien encabezó el operativo de intervención a la discoteca Thomas Restobar.
Hasta el momento, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra Job Jonatan Luque Ayala (37), quien alquiló el local donde funcionaba la discoteca Thomas Restobar.
El pasado 28 de agosto, un informe de América Noticias indicó que Luque Ayala señaló al cantante Juan Peña Arias, más conocido como ‘Juancho’ Peña, como verdadero organizador de la fiesta clandestina.
No obstante, el pasado jueves 24 de setiembre, ‘Juancho’ Peña declaró ante los agentes de Homicidios de la Dirincri y aseguró que un hombre identificado como Joseph Antonio Huerta Quispe lo contrató para tocar 4 horas y media en el evento, descartando así su participación en la organización de la fiesta.
El 25 de septiembre en la madrugada, un hombre asesinó de dos balazos a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se encontraba detenido en la comisaría de Orrantia del Mar, en el distrito de San Isidro. Se trató del técnico de tercera PNP Pedro Giancarlo Anchante Zevallos, de 37 años.
“Al momento de ingresarlo al calabozo y quitarle las marrocas, es ahí que donde procede a agredir al agente policial y quitarle su arma de reglamento, que era un revólver”, informó la Policía Nacional.
El atacante fue identificado como Álvaro del Río Correa, un hombre de 43 años nacido en Lima y de un metro ochenta de estatura. Según la Policía Nacional, tiene antecedentes de violencia familiar. “Son de lesiones, de violencia familiar contra sus mismos familiares”, indicó la institución.
A tres días del asesinato, el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia (CSJL) de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra Del Río Correa, como presunto autor de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio del suboficial. El hombre de 43 años, que continúa cumpliendo su sentencia, es procesado por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio de dos agentes policiales de la comisaría de Orrantia del Mar.
Cinco hombres violaron en grupo a una joven de 21 años durante una fiesta en Santiago de Surco, el pasado domingo 18 de octubre. Sebastián Zevallos Sanguineti (24), Diego Arroyo Elías (24), José Arequipeño Vizcarra (23), Manuel Vela Farje (24) y Andrés Fassardi San Sebastián (24) son los sujetos sindicados de participar en el ataque sexual perpetrado durante una reunión social realizada en la vivienda de uno de los involucrados, situada en Jr. Enrique León García N°517.
Sobre ellos pesó inicialmente una detención preliminar de 48 horas en la comisaría Chacarilla del Estanque. Luego, ante el pedido del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) ordenó prisión preventiva por nueve meses en su contra, y a la fecha los cinco hombres cumplen esa sentencia en el penal de Lurigancho.
Durante la audiencia, se determinó recabar el examen psicológico a la agraviada, los antecedentes, examen psicológico y perfil de los denunciados, la declaración instructiva de Arequipeño Vizcarra, quien guardó silencio en la audiencia, la inspección técnica del lugar de los hechos y la visualización de las cámaras de seguridad del distrito de Surco.
Los cinco acusados son investigados por el delito de violación sexual. Para este caso, la sanción mínima es de 20 años y la máxima de 26.
Aunque la versión de los acusados es que hubo consentimiento, Manuel Vela y Andrés Fassardi reconocieron que todos habían consumido marihuana, cocaína y alcohol. No obstante, en el examen toxicológico practicado a la víctima indica que la joven tenía benzodiacepina en la sangre, un fármaco que actúa como sedante e hipnótico.
A esto se suma que el examen del médico legista, difundido por Día D, también revela que la joven presentaba moretones (equimosis) además de “huellas de lesiones traumática recientes”.
En paralelo, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) abrió una investigación preliminar contra el abogado Paul Muñoz, quien se refirió despectivamente contra la mujer que denunció la violación. “La señorita es, eventualmente, digamos que le gustaba la vida social”, dijo Muñoz tras darse a conocer la denuncia.
Un caso de violación sexual que involucra a un agente de la Policía Nacional se dio a conocer en octubre. Una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció que Joel Omar Gonzales, alférez de la misma institución, la violó el día sábado 31 luego de haberla dopado.
Latina, mostró el testimonio de la víctima, donde señala que la agente había sido convocada por el alférez para un “servicio especial” y que por ello tenía que vestirse de civil. Una vez que se concretó el encuentro, este llevó a la suboficial un centro comercial.
Una vez allí, la víctima bebió un vaso de gaseosa y luego solo recuerda haber despertado desnuda en la habitación de un hotel sin su celular ni su placa policial. Cuando la víctima se acercó al Complejo Policial Alipio Ponce Vásquez del Callao para interponer la denuncia, el mayor Dilton Torres Lugo hizo llamar a Joel Gonzales para que explique lo sucedido. El testimonio de la mujer refiere que pidió perdón y le devolvió su celular y su placa policial.
El mayor Torres Lugo le dijo a la suboficial en ese momento: “Si quieres haz tu denuncia, vamos a ver qué pasa. Si quieres denúncialo, pero ahora no tengo tiempo”, según indicó Latina.
Ante la negativa, la mujer acudió al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, donde sí acogieron su denuncia y ordenaron detener al mayor Torres Lugo por omisión de funciones. Sin embargo, el alférez se encuentra desaparecido.
Tras la denuncia pública de la suboficial, la institución emitió un comunicado señalando que habían procedido a la captura del mayor Torres por omisión de funciones y que han abierto investigación preliminar contra el alférez Joel Omar Gonzales.
El ciudadano Raymundo Martín Choque Cersso (52) falleció el pasado 8 de noviembre durante una intervención policial a un grupo de personas que jugaba fulbito en una losa deportiva situada en la urbanización Aeropuerto, en el Callao. El hecho también dejó a dos agentes heridos.
En las imágenes que circularon en redes sociales se ve que un agente se enfrenta a golpes con un hombre en medio del parque. Luego, un segundo agente interviene en la pelea, debido a que su compañero cae al suelo, lo que desencadena que otras personas agredieran a los policías. A los pocos segundos se escucha un disparo y se aprecia a Choque Cersso desplomarse.
La Policía Nacional, en un comunicado, indicó que cuando los policías instaban a los participantes para que detuvieran esa actividad prohibida, los agentes fueron atacados con golpes y objetos contundentes por los intervenidos dejando al suboficial de tercera PNP Javier Silva Zelada en estado de coma por traumatismo encéfalo craneal grave.
Asimismo, dijo que el alférez PNP Marco Mancilla Quiroz, fue diagnosticado con traumatismo facial grave. Detalló que cuando la turba atacaba a los agentes policiales, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, se produjo un disparo que hirió a la persona identificada como Raymundo Choque Cerso, quien luego de ser trasladado al hospital San José-Callao, falleció.
El noticiero América Noticias informó, el pasado 4 de diciembre, que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó seis meses de prisión preventiva contra los tres sujetos acusados de agredir a dos agentes de la Policía Nacional durante la intervención en la losa deportiva en el Callao.
Se trata de Giancarlo Malásquez Reynoso, Robert López Lobatón y Segundo Macedo Macuado. Ellos son acusados de agredir al alférez Marco Mancilla Quiroz y al suboficial Javier Silva Zelada. Ellos son investigados por los delitos de violación de medidas sanitarias y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
Un adolescente de 13 años murió la noche del domingo 22 de noviembre a la altura 22 de la Av. La Marina, cruce con Dintilhac, en San Miguel, en una confusa persecución policial. Dentro del vehículo, el fallecido, quien acompañaba a Jordan Julio Mendo Chuquimantari (27), fue encontrado sin vida en el asiento del copiloto.
En el auto de placa D3B-195, que recorrió los distritos de San Martín de Porres, Callao y San Miguel, se encontraron varios impactos de bala; uno de ellos dio en el cuello del joven, quien habría muerto segundos después de ser alcanzado por el proyectil.
Según la PNP, el tío del adolescente fallecido, Jordan Mendo, es un comerciante de 27 años y que fue intervenido dos veces por la policía. Una de ellas por conducir con exceso de velocidad y la otra por no acatar el aislamiento social obligatorio. En el marco de la investigación de los hechos, relató el momento en que su sobrino fue herido de bala.
“[Durante la persecución] Le pedí a mi sobrino que me pase un cable USB, pero no lo encuentra. Yo le digo que iba a buscarlo. Él se acomoda en su asiento y, en ese momento, me percato que desde atrás le cae una bala en el cuello que le atraviesa e impacta el parabrisas”, señala su testimonio a la policía que fue difundido por América Noticias.
Indicó, además, que decidió no hacer caso a la orden policial de detener su auto porque “pasó por la cabeza que el patrullero en algún momento me cobraría”.
Los seis policías que participaron de la persecución fueron suspendidos de sus labores de manera preventiva. El noticiero América Noticias indicó que, según la pericia balística, el autor de uno de los disparos fue el suboficial PNP Cléber Quintanilla (23), a quien se le dictó nueve meses de prisión preventiva.
Stéfano Miranda, abogado de dos de los policías involucrados en este hecho, informó que se presentó un recurso de apelación ante la prisión preventiva contra el citado agente. La Quinta Fiscalía Penal de Lima está a cargo de la investigación de este caso.
Otro de los casos que hasta la fecha sigue en investigación y sin responsables, son las muertes de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, quienes fallecieron tras recibir varios impactos de perdigones por parte de la policía durante la marcha nacional del pasado 14 de noviembre.
Las masivas protestas empezaron en Lima y siguieron en otras partes del país, el lunes 9 noviembre, día en que 105 congresistas aprobaron la vacancia a Martín Vizcarra y se dio la asunción de Manuel Merino al poder.
El rechazo a esta decisión movilizó a ciudadanos y fue aquel sábado de la segunda semana de noviembre -cerca al cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay- donde ambos jóvenes fueron asesinados, además se reportaron varios manifestantes heridos cuando ejercían su legítimo derecho a la protesta. Además, periodistas y reporteros gráficos resultaron heridos, por la represión policial.
Edgar Stuardo Ralón, comisionado de la CIDH y relator para Perú, sostuvo que el caso de Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez es una de las “investigaciones más desafiantes” a cargo de la fiscalía. A esto se suma que, tras las protestas del 14 de noviembre, se denunciaron casos de desaparición, violencia sexual por parte de agentes policiales, que también vienen siendo indagados.
La investigación por las muertes de Inti y Bryan se llevan a cabo por dos vías: la penal que es manejada por el Ministerio Público y la administrativa a cargo de Oficina de Asuntos Internos de alto nivel del Ministerio del Interior (Mininter), según precisó comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), César Cervantes.
A esto se suma que la cámara de videovigilancia que pudo haber registrado a los responsables del asesinato de ambos jóvenes se encontraba inoperativa desde el 22 de noviembre del 2019, según información recogida por el regidor Carlo Angeles y el congresista Daniel Olivares en la sede principal del Centro de Control de Operaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ubicada en el Rímac.
Luego de una serie de cuestionamientos hacia la Policía Nacional por su actuar durante las movilizaciones, la institución también fue blanco de críticas tras la renuncia de Manuel Merino. El nuevo presidente, Francisco Sagasti, nombró a Rubén Vargas como ministro del Interior en reemplazó de Gastón Rodríguez.
Sin embargo, luego de 14 días en el cargo, Vargas presentó su renuncia, un día antes de que el Gabinete acuda al pleno del Congreso a solicitar el voto de confianza al gabinete de Violeta Bermúdez. Se le cuestionó por el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional y la designación del nuevo comandante general de dicha institución, César Cervantes.
Al respecto, el sábado 5 de diciembre, el presidente de la República, Francisco Sagasti, afirmó que no habrá “vuelta atrás” con los cambios realizados respecto a los altos mandos de la Policía Nacional, así como en el área administrativa de la institución.
Desde marzo cuando se reportó el primer caso del nuevo coronavirus en el Perú, el Gobierno dispuso el toque de queda en todo el país en el marco del estado de emergencia para evitar posibles contagios de esta enfermedad. Sin embargo, pese a la inmovilización social, se reportaron las denominadas fiestas clandestinas en la mayoría de los distritos de la capital.
Vale precisar que la restricción continúa desde la medianoche hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo, a nivel nacional. No obstante, desde marzo, pese a la exhortación y advertencias de las autoridades en medio de la pandemia, varios ciudadanos -entre los que figuran personajes públicos- han incumplido las disposiciones.
El cantante Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como ‘Toño Centella’ fue detenido en dos oportunidades (septiembre y noviembre) luego de ser sorprendido animando fiestas clandestinas en plena pandemia.
Otro caso, fue de algunos miembros de la orquesta de salsa Zaperoko, quienes fueron intervenidos junto a otras personas que participaron en una fiesta en la cuadra 8 del jirón José Gálvez en Bellavista, Callao. Ante esta situación, el líder de la agrupación salsera, Jhonny Peña, se pronunció en el programa “Tengo algo que decirte” para brindar su descargo y disculparse públicamente por el incidente.
Asimismo los futbolistas desacataron las restricción durante la pandemia del COVID-19. Entre ellos aparecen Patricio Álvarez, quien fue denunciado por vecinos de realizar fiestas dentro de su departamento en Magdalena. También se informó que el jugador Jean Carlos Deza Sánchez organizó una reunión con ocho personas pese a la restricción decretada por el Gobierno.
El pasado 23 de mayo, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un video en el que Sebastián Milton La Torre Miranda, participa de una fiesta dentro de su vivienda con un grupo de personas. El hecho provocó la intervención de la Policía Nacional.
Los exfutbolistas Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos por la Policía Nacional por incumplir el aislamiento obligatorio. El programa ‘Magaly TV La Firme’ informó que el asistente técnico de la selección peruana y su acompañante, exentrenador de Sporting Cristal y Atlético Grau, fueron conducidos a la comisaría de La Molina tras asistir a una reunión social.
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