Una ley recién salida del horno ha puesto en alerta al Poder Judicial y al Ministerio Público. Se trata de la Ley N.º 32330, que permite que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados como adultos si cometen delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo.
El Gobierno asegura que con esta norma se busca hacer frente al avance de la criminalidad juvenil. Sin embargo, las autoridades del sistema de justicia no están nada de acuerdo. Han salido a rechazar públicamente la ley, advirtiendo que viola la Constitución y desconoce los derechos especiales de los menores de edad.
En un comunicado, el Poder Judicial señaló que esta medida ignora que los adolescentes están en proceso de formación, y que, por tanto, deben recibir un tratamiento diferente al de los adultos. Según la institución, esta ley “introduce un enfoque punitivo” que no respeta los tratados internacionales firmados por el Perú.
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento del Poder Judicial fue la invocación al “control difuso”. Esto significa que los jueces del país pueden negarse a aplicar esta ley si consideran que vulnera la Constitución en casos concretos.
Además, recordaron que la Convención sobre los Derechos del Niño exige que los menores de 18 años sean juzgados en un sistema especializado, orientado a la rehabilitación y reintegración social, no al castigo.
Para el PJ, aplicarles a estos adolescentes el sistema penal común representa un retroceso, ya que elimina la posibilidad de reinsertarlos en la sociedad. También advirtieron que esta ley vulnera el principio del interés superior del niño, uno de los pilares del derecho internacional.
A pesar de que la norma incluye un “tratamiento diferenciado” hasta los 21 años, el Poder Judicial insiste en que la sanción debe centrarse en la resocialización, no en el castigo como a un adulto.
El Ministerio Público también alzó la voz. A través de un comunicado, dejó claro que no está de acuerdo con la ley y pidió que no se criminalice a los adolescentes de manera automática.
Recordaron que en el Perú ya existe un sistema que sanciona a los menores con medidas severas, como hasta 10 años de internamiento, siempre dentro de un enfoque educativo y de rehabilitación.
Además, alertaron que esta nueva ley es inconstitucional, ya que contradice lo que establece la Carta Magna sobre la protección especial que debe brindar el Estado a niños y adolescentes. También se opone a lo que señalan instituciones como UNICEF, la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Justicia.
Para la Fiscalía, el problema de la criminalidad juvenil no se soluciona con castigos más duros, sino enfrentando a las mafias que reclutan menores y fortaleciendo las políticas de prevención.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público coincidieron en pedir al Estado que se implemente de una vez por todas el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que plantea un sistema de justicia juvenil más justo, restaurativo y terapéutico.
Según ambas instituciones, este código, que ya fue aprobado pero aún no se aplica completamente, está alineado con los tratados internacionales y ofrece una alternativa real al simple castigo.
En resumen, aunque la ley ya está vigente, no todos los jueces están obligados a aplicarla si consideran que va contra la Constitución. Y el debate sigue abierto: ¿castigar como adultos a los adolescentes los alejará del crimen… o los hundirá más?
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