La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó al Estado peruano por la grave contaminación en La Oroya, en la región Junín, parece haber quedado en el olvido. A pesar del fallo histórico que ordenó aplicar medidas urgentes para remediar los daños causados a la salud de cientos de personas, la situación en esta ciudad sigue siendo crítica. En Perú, se asocian alrededor de 14 mil muertes anuales con la contaminación del aire.
Para abordar esta problemática persistente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) lanzó #HazteCargo, una campaña con el fin de visibilizar las afectaciones ambientales, identificar responsabilidades, y que se tomen acciones inmediatas para remediar los daños ambientales que afectan a los habitantes de La Oroya, considerada en el 2006 como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
La Corte IDH estableció que la contaminación en La Oroya causó sufrimientos físicos y psicológicos a los ciudadanos. Por lo tanto, ordenó atención médica especializada para los 73 vecinos denunciantes que aún sobreviven. Seis afectados fallecieron y la Corte IDH señaló que, en dos casos, la contaminación fue responsable.
Le dio al Gobierno peruano un plazo de seis meses para elaborar un protocolo de atención de salud para los afectados y debe mejorar la atención médica en La Oroya para tratar enfermedades relacionadas con metales pesados.
Ante esta grave situación y el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) recordó al Estado peruano su obligación de acatar la sentencia de la Corte IDH sobre el caso La Oroya.
A través de su informe “El grave problema de contaminación de La Oroya y la sentencia de la Corte IDH”, la SPDA remarcó que siendo el Perú parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el Estado tiene el deber de cumplir con lo ordenado por este tribunal internacional, incluyendo la presentación de un informe detallado sobre las medidas adoptadas en el plazo de un año.
El documento enfatiza que el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH puede tener serias consecuencias para el Estado, incluyendo posibles sanciones y la presentación de nuevas denuncias por parte de las víctimas. En este sentido, instó al Gobierno a fortalecer la fiscalización ambiental, mejorar el marco normativo en materia de evaluación ambiental y promover la transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.
Cabe recordar que la reciente reactivación del complejo metalúrgico provocó un nuevo incremento en las emisiones de dióxido de azufre, superando ampliamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto generó un serio riesgo para la salud de los habitantes, que llevan décadas expuestos a altos niveles de contaminación por metales pesados como plomo, arsénico y cadmio. Un estudio del Ministerio de Salud en 2005 reveló que 788 niños y niñas presentaban niveles de plomo en sangre por encima de los límites de la OMS.
Desde la difusión de la sentencia de la Corte IDH, el 22 de marzo pasado, la planta registró 39 días con emisiones de dióxido de azufre superiores a lo recomendado. El nivel más alto se registró el 27 de marzo, con más de 183 µg/m³, cuando el límite permitido es de 40 µg/m³ al día. Estas cifras provienen del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La exposición a niveles superiores a 40 µg/m³ de dióxido de azufre puede causar problemas respiratorios y aumentar las hospitalizaciones y la tasa de mortalidad, explicó la OMS.
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