Gran parte del gremio de transportistas de Lima y Callao confirmó este martes un nuevo paro nacional para el 4 de noviembre, en protesta por el incremento de la violencia y las extorsiones que sufren a diario. Los dirigentes cuestionaron la efectividad del estado de emergencia vigente y aseguraron que los acuerdos firmados con el Ejecutivo siguen sin cumplirse.
La decisión fue anunciada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, quien precisó que el paro será de 24 horas. “Teniendo en cuenta que no se han cumplido los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre, los transportistas han decidido parar el martes 4”, señaló en declaraciones a la prensa.
Ojeda recordó que las mismas empresas participaron en el paro del pasado 6 de octubre, cuando se acordaron medidas urgentes con representantes del Gobierno. Sin embargo, denunció que las promesas quedaron solo en papel. “Lamentablemente, las bases no aceptan continuar en esta situación. Hay nuevas amenazas, nuevas bandas criminales”, agregó.
Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), afirmó que el estado de emergencia impuesto por el gobierno interino de José Jerí “no ha reducido la inseguridad, sino que la ha agravado”. Según explicó, desde su aplicación, la cifra de asesinatos y ataques a choferes no ha disminuido.
El gremio denunció que los conductores siguen siendo víctimas de asesinatos y extorsiones por parte de mafias que exigen pagos diarios bajo amenaza de muerte. “Estamos en una guerra interna”, declaró Ojeda, quien aclaró que las protestas serán pacíficas y coordinadas con la Policía Nacional, sin bloqueos ni actos de violencia.
La situación se tornó más crítica anoche, tras el asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles, de 47 años, en Ventanilla. Dos sicarios en moto lo atacaron a balazos, provocando que decenas de colegas bloquearan la avenida Néstor Gambetta en señal de protesta. “Venimos a trabajar con miedo, no sabemos si regresaremos a casa”, dijo uno de los choferes durante la manifestación.
Los transportistas denunciaron que muchos reciben mensajes de extorsión que les exigen pagar diez soles por circular en Lima y cinco en Callao. Quienes se niegan, advirtieron, son atacados. “Los carros grandes están pagando y por eso no los matan; los pequeños son los que ahora están siendo atacados”, explicó Palomino.
El pasado 10 de octubre, el gremio y el Gobierno firmaron un acta con siete compromisos para fortalecer la seguridad, entre ellos la reglamentación del estado de emergencia y la agilización de recursos para la Policía Nacional. No obstante, los dirigentes aseguran que ninguna de esas medidas se ha concretado.
Ojeda insistió en la necesidad de mecanismos operativos que permitan abastecer de recursos a la Policía, implementar denuncias anónimas y mejorar la coordinación entre los tres poderes del Estado. “Se requiere dinero, dinero y más dinero”, enfatizó.
También advirtió que han surgido nuevas bandas criminales que operan con mayor agresividad y que cobran montos diarios de entre 5000 y 6000 soles en cupos, además de pagos iniciales de hasta 20 000 soles. Según dijo, al menos nueve empresas de transporte han sido víctimas de estas mafias este año.
Como antesala al paro nacional, el sector realizará este miércoles 29 de octubre un “apagón de motores” simbólico de tres a cinco minutos, con el objetivo de visibilizar su protesta sin generar caos en el tránsito. El gremio ha invitado a la sociedad civil a sumarse al paro con cacerolazos, en solidaridad con los trabajadores del transporte que viven bajo amenaza.
“Todo el Perú tiene que parar”, sentenció Palomino, dejando claro que la paciencia del gremio se agotó frente a una violencia que no da tregua.
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