Hay un hartazgo generalizado contra la clase política y las instituciones que la representan. Este fastidio tuvo su punto de quiebre durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, de las que surgió el clamor por una nueva Constitución. Para un gran sector de la población, el documento que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993 ha envejecido mal ¿Podemos seguir tomándonos en serio a un manuscrito que fue elaborado para legitimar un golpe de Estado o ya es tiempo de darle vuelta a la página?
A la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Maria Isabel León Klenke, le disgusta saber que existe un reclamo ciudadano por una nueva Constitución. La licenciada en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien también se desempeñó como coordinadora técnica de educación de Fuerza Popular en 2016, escribió una columna de opinión donde señala que esta demanda convertiría a Perú en Venezuela o Cuba.
Ella se sitúa al lado de los opositores a este pedido, ¿pero qué sostienen quienes lo defienden? Conversamos con dos sociólogos, una politóloga y dos estudiantes para entender qué es lo que impulsa esta solicitud.
Para el sociólogo y docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Francisco Durand, no es una sorpresa que la CONFIEP se oponga al reclamo de una nueva constitución. “Bajo esa norma, el principal favorecido ha sido la gran empresa, los grupos de poder económicos nacionales y las multinacionales extranjeras. Por lo tanto se han convertido en el principal soporte de esa constitución, en realidad se puede decir que es su constitución y por lo mismo la defienden”, señala
Para escribir la constitución de 1993 se creó un mecanismo de consulta directa con la CONFIEP. El presidente del Congreso Constituyente Democrático, que se instauró tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama, le solicitó a la CONFIEP que prepare el capítulo económico de la Constitución. En la actualidad, Yoshiyama se encuentra preso en el penal Castro Castro por recibir dinero ilícito de la empresa Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en 2011.
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“Se puede decir que el régimen económico de la constitución de 1993 fue escrito por los grandes empresarios representados en la CONFIEP. Ellos lo que crearon es un sistema por medio del cual predominaba el poder económico. El Congreso unicameral operaba bajo las influencias del fujimorismo y La CONFIEP, la misma que estaba articulada al MEF, y pedía facultades extraordinarias de manera regular para legislar desde el Ejecutivo. Bajo esa disposición, el Estado quedó reducido a tener funciones regulatorias mínimas y a permitir el crecimiento casi sin límite del sector privado”, agrega Durand.
Nadie niega que el crecimiento económico es importante, pero qué pasa cuando se convierte en la única variable a tomar en cuenta. “El problema es que esa constitución responde a la lógica de que el crecimiento económico no puede ser afectado porque un grupo de la ciudadanía tiene algún tipo de queja. No importa eso, incluso si muere gente.”, indica la politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Narda Carranza.
En febrero de este año, decenas de familias de Cerro de Pasco acamparon durante cerca de un mes frente al Ministerio de Salud para demandar que el Estado se haga cargo de sus hijos diagnosticados con leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea.
“Vemos muchas protestas a lo largo de los años, de familias enteras frente al Ministerio de Salud, frente al Palacio de Justicia. Eso queda ahí porque son un estorbo; para las mineras que tienen el mayor peso, el mayor poder y son capaces de dialogar con el estado en sus términos. El problema es que este régimen, este tipo de manejo desde el Estado, es muy conveniente para muchas personas que tienen conexiones cercanas con estos grupos económicos grandes”, agrega Narda.
“Yo vivo hasta ahora en un asentamiento humano llamado Luis Felipe de las Casas, que queda por Ventanilla Norte. Desde que nací he vivido por unos cuantos años la falta de agua, de desagüe, solamente eran aguateros, también la falta de pistas porque es arenal, la falta de parques públicos. Todas esos problemas que los asentamientos humanos pasan”, cuenta Grecia Calderón, estudiante de historia de la PUCP y miembro del Colectivo Resistencia Rabona.
Su experiencia cercana a la precariedad le permitió comprender que Perú está regido por un sistema socioeconómico excluyente que está blindado jurídicamente por la Constitución de 1993. “Si la riqueza estuviera mejor distribuida, aunque sea un poquito más, muchas personas no vivirían esta pobreza de manera tan drástica ¿no? “, dice la estudiante de 24 años.
En esa misma línea, Franciso Durand añade que este sistema favorece a un grupo relativamente pequeño de grandes empresas nacionales y extranjeras que cada vez están más concentradas porque el Estado lo permite. “Como no hay regulación, al final el resultado es más capacidad de producción de bienes y servicios en menos manos. Tú ves por ejemplo que hay una sola fábrica que hace cervezas, que hay un grupo de poder que controla la producción del 70% de la leche evaporada; hay otro grupo de poder que tiene el dominio de una gran cantidad de farmacias en cadena, donde el sistema de precios no es favorable. Entonces ellos defienden ese sistema porque está basado en el principio de altas ganancias y bajos salarios que los enriquecen, eso es lo que están defendiendo”.
Los problemas del Perú no empiezan con el régimen de Fujimori, pero es importante entender el impacto que tuvieron las políticas que se implementaron hace 30 años durante su gobierno. Para el sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Mejía, la Constitución del 93 desprotege a los ciudadanos y debilita al Estado. “Ya sabemos que por más puntos que aumente el Producto Bruto Interno (PBI), si no hay redistribución eso no significa nada”, indica.
Carlos Mejía reconoce que hubo crecimiento económico, pero mucho de este desarrollo ha estado marcado por la desigualdad y la precariedad. Como da cuenta el testimonio de Geraldine Martínez, trabajadora del sector agroexportador: “Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo”.
Mejía sostiene que la constitución del 93 trató de dibujar una sociedad donde el Estado era pequeñito y el mercado iba a resolver todos los problemas. Las empresas se iban a autorregular y los ciudadanos podían convertirse en consumidores exitosos a partir de su esfuerzo individual y de su empeño. “Ya van 30 años y vemos que eso no ha sido así, ha sido un crecimiento que la pandemia ha destruido. Ha tenido mucho de espejismo, de cuento. Al final lo que tenemos es una sociedad fragmentada, con tensiones, con desigualdades que no pueden expresarse de manera pacífica porque no existen los canales. No existen los espacios para poder hacerlo”.
Si bien la Constitución del 93 recoge las demandas del sector empresarial, no hace lo mismo con la de los trabajadores y grupos vulnerables. Camila B. Cisneros, es una de las jóvenes que marchó contra el gobierno de Manuel Merino y por una nueva Constitución. Ella cubrió las protestas como prensa de la Comunidad Callao Underground. “No es posible que seamos un país donde haya personas que tienen tanto y muchísimo, mientras que otras no tienen ni para comer. Yo creo que ahora con pandemia si tú sales vas a ver, prácticamente, donde quieras que vayas hay personas que han sido desahuciadas totalmente por el Estado: que no tienen casa, que no tienen comida. Tienen que estar viviendo en la calle, pidiendo comida o pidiendo dinero, eso no es vida”.
Narda Carranza sostiene que la Constitución vigente tiene un problema de representación porque Perú tiene una tradición muy larga en la que sólo un grupo de personas tiene derecho a opinar sobre las decisiones que se toman en el Estado. “Sobre todo son las que están en Lima, que tienen una educación superior que se considera adecuada y son personas que no son indígenas, que no pertenecen a ningún grupo étnico minoritario, que se consideran blancas o se consideran criollas. El espacio de la discusión ha sido siempre para pocas personas”.
Los entrevistados señalan que es necesario un nuevo pacto social. En donde todos nos pongamos de acuerdo en los temas que son importantes: cuál es el rol del Estado, cómo debe ser la educación, como debe ser el trabajo, cómo deben ser las inversiones extranjeras, cómo debe ser el trato a las comunidades indígenas y nativas. “Todas estas preguntas tienen que resolverse en un debate, en una discusión nacional y eso se expresa en un nuevo texto constitucional. “, dice Carlos Mejía.
Un deseo de los sectores que reclaman una nueva Constitución es que esta no sea escrita por el Congreso sino por una Asamblea Plurinacional Constituyente. “Se busca que el proceso tenga mayor legitimidad porque si se realiza una reforma tal y como la Constitución lo pide, el Congreso es quien tiene la pauta. En cambio en la Asamblea Plurinacional Constituyente, los ciudadanos definen quiénes van a ser las personas que van a cambiar la Constitución. Esta modalidad se considera más democrática, más cercana con el ciudadano”, explica Narda Carranza
“Si existe una demanda legítima de la ciudadanía, de buena parte del país, no hay ningún problema para hacer esto. De eso se trata: que la constitución sea un documento guía, que encarne la voluntad popular, quiénes somos, que queremos”, agrega.
Bryan Pintado, Inti Sotelo y Jorge Muñoz fueron asesinados luchando para que el país sea más justo y menos desigual. Una forma de rendirles homenaje es persistir en la búsqueda de una alternativa que nos permita vivir en paz.
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