Un nuevo desastre ambiental golpea las costas de Piura. Esta vez, en el distrito de Lobitos, provincia de Talara, donde un derrame de petróleo ocurrido el lunes 7 de julio volvió a manchar el mar, los cerros y el futuro de cientos de familias que viven del turismo y la pesca artesanal. El hecho ocurrió en los alrededores del pozo 383 del Lote VI, operado por Petroperú, en plena zona turística de Las Capullanas.
Según el OEFA, el crudo alcanzó al menos 40 barriles, afectando 500 metros lineales de carretera, 280 metros cuadrados de vegetación y gran parte del bosque seco, donde habita el cortarrama, un ave en peligro de extinción. Todo esto, a pocos metros de viviendas, colegios y playas.
La indignación estalló en Lobitos cuando la estatal Petroperú aseguró que el derrame fue controlado y que la zona ya está “limpia en un 95 %”. Sin embargo, los pobladores y el propio alcalde Ricardo Bancayan contradicen esa versión: “Eso es falso. El crudo sigue ahí. Dos colegios suspendieron clases por los gases. No solo es contaminación, esto es un daño social y económico gravísimo”.
Los pescadores, por su parte, no se callaron. “Nos dicen que fue manipulación externa. ¿Y quién más tiene acceso a esos pozos? ¿Nos van a echar la culpa a nosotros también?”, reclamó uno de ellos. Mientras tanto, las cuadrillas llegaron con maquinaria pesada para enterrar arena contaminada, en lugar de retirarla, según testigos.
Esta tragedia no es nueva. En diciembre de 2024, otro derrame afectó las playas Las Capullanas, La Bola, Palizada y Lanchón, dejando a los operadores turísticos sin ingresos. Hoy, cuando apenas trataban de recuperarse, otro golpe los devuelve a la incertidumbre.
“¡Es un genocidio ecológico!”, denunció Patricia Abanto, presidenta de la asociación de operadores turísticos. “Perdimos la temporada de verano y ya nos acercamos a la próxima en crisis. Las pérdidas ascienden a 50 millones de soles”, agregó.
Además del impacto al mar, los gases tóxicos llegaron hasta los salones. Estudiantes de escuelas cercanas fueron evacuados, según confirmó la municipalidad.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) llegó a la zona junto con Osinergmin y autorizó el inicio de labores de limpieza, que estarán bajo supervisión constante. La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) también ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades.
Petroperú, por su parte, asegura que el derrame fue provocado por la “manipulación de válvulas” y que notificaron a la PNP para las indagaciones. Pero el daño ya está hecho.
Vecinos de Villa Hermosa, en el distrito de Negritos, también exigen atención, pues viven sobre pasivos ambientales abandonados. Más de 4 mil viviendas estarían en riesgo y unas 13 mil personas expuestas.
Mientras tanto, plataformas submarinas destruidas impiden faenar a más de 6 mil pescadores en zonas como Cabo Blanco y La Caleta. Nadie responde.
“Basta de excusas. Queremos justicia, no parches. Esto ya no es accidente: es negligencia”, sentencian desde el comité ambiental de la zona.
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