Impacto en Santa Anita. La institución educativa José María Arguedas Altamirano atraviesa una situación prolongada que ha generado malestar en la comunidad escolar, debido a que sus alumnos continúan recibiendo clases en una losa deportiva.
El centro fue demolido tras ser declarado inhabitable hace casi una década, lo que obligó al traslado de los estudiantes a espacios improvisados que antes eran utilizados para actividades físicas.
Desde entonces, la medida temporal se mantiene sin cambios, pese a visitas de autoridades y anuncios de intervención. Padres de familia cuestionan la falta de avances en la construcción del nuevo local escolar.
“Nos informaron que la obra iniciaría en septiembre, pero luego nos dijeron que no existe presupuesto confirmado. Ya son diez años y nuestros hijos siguen en estas condiciones”, expresó una madre de familia.
La comunidad educativa señala que más de 840 estudiantes de primaria y secundaria desarrollan sus clases en aulas prefabricadas instaladas sobre la losa deportiva.
Las condiciones climáticas agravan el problema, ya que el calor, el frío y las lluvias afectan el normal desarrollo del aprendizaje en este espacio provisional.
En ese contexto, los apoderados realizaron pedidos formales al Gobierno y al Ministerio de Economía para acelerar la asignación de recursos destinados a la reconstrucción. Asimismo, solicitan la intervención del Congreso para viabilizar un crédito suplementario que permita ejecutar la obra lo antes posible.
De acuerdo con los padres, el proyecto de reconstrucción ya cuenta con aprobación del sector Educación y ha cumplido los trámites administrativos correspondientes. Sin embargo, la falta de presupuesto continúa frenando el inicio de la construcción, pese a que el colegio ya fue demolido por riesgo estructural.
El antiguo local fue declarado en condición de peligro debido a serias deficiencias en su infraestructura, lo que ponía en riesgo a estudiantes y docentes.
Ante ello, se dispuso el traslado inmediato a espacios temporales que, con el paso del tiempo, se han convertido en permanentes.
Lo que inicialmente se planteó como una solución provisional ha derivado en una situación prolongada que genera preocupación en toda la comunidad educativa. Los padres advierten que no existen garantías suficientes para mantener el dictado de clases en un espacio no diseñado como colegio.
La comunidad insiste en que la educación de los menores no puede seguir en pausa ni bajo condiciones improvisadas. Los estudiantes continúan asistiendo diariamente a clases en un entorno que, según denuncian, no ofrece la seguridad ni la infraestructura adecuada para su formación.
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