La situación en los penales del país se agrava a consecuencia de la propagación del coronavirus. Esta vez, decenas de internos del penal de Sananguillo de la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, protestaron desde las ventanas de sus pabellones exigiendo se les someta a pruebas de descarte de COVID-19; así como el suministro de medicamentos, guantes y mascarillas.
Familiares de los internos llegaron hasta la puerta del centro penitenciario, quienes transmitieron el reclamo de los reclusos.
“Hay un interno con coronavirus y lo han metido al calabozo, acaso es un perro. Tampoco les dan alimentos desde el lunes y no tienen ningún tipo de protección como guantes y mascarillas”, dijo un familiar de un interno que prefirió no identificarse.
Asimismo, exigieron que sometan a los internos a pruebas de descarte de COVID-19.
“La semana pasada una requisa y lo agentes del Inpe han entrado a las celdas sin mascarillas ni guantes y se sabe que varios trabajadores penitenciarios están con coronavirus”, precisó otra familiar de los internos.
En tanto, los reclusos desde las ventanas de sus pabellones y agitando trapos gritaban sus reclamos.
Situaciones similares se registran desde hace casi dos semanas en diferentes penales del país como El Milagro (Trujillo - La Libertad), de Cachiche (Ica) y de Huancayo (Junín).
Mientras que el lunes último en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, también se produjo una reyerta que dejó nueve fallecidos, así como 60 agentes del Inpe y cinco policías heridos.
Y hoy en el penal de Ancón II también se produjo una protesta, la cual fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, quien explicó que, al igual que en otras protestas en otros penales, el reclamo viene de parte de internos que han cometido delitos graves y buscan acceder a un indulto para salir de prisión argumentando el riesgo de contagio de coronavirus al que están expuestos.
El Decreto Supremo N° 004-2020-JUS, establecen supuestos especiales para la recomendación de indultos humanitarios, indultos comunes y conmutación de penas de los internos con grave riesgo por el COVID-19. Se estima que al menos 3,000 presos obtendrían su libertad con esta norma.
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