Richar Camala, David Jivallanca, Ferdinand Huacanqui y Redi Huamán, investigados por apedrear micros con pasajeros durante las protestas en el Cusco, lloraron y pidieron perdón al ser informados que pasarán los siguientes nueve meses en prisión preventiva por disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
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La juez cusqueña Yohanna Beny Gallegos Páucar dictó la medida preventiva y dijo: “La presencia de agitadores transformó en una manifestación violenta no concebible, ni protegida a nivel constitucional. Son personas que vienen de comunidades, pero no por ello se va a poner por debajo el derecho a la igualdad. Los agraviados y niños han estado presentes dentro de los vehículos aterrorizados por estos actos de violencia”.
Explicó que hay registros fílmicos, reconocimiento de prendas usadas en las marchas y ataques, entre otros, que implican directamente a cuatro personas.
Siete regiones del país han sido declaradas en Estado de Emergencia por 60 días, en medio de la crisis política y las constantes protestas que se viven en el país. Esta medida fue adoptada para Puno, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Mediante el Decreto Supremo Nº 018-2023-PCM publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el gobierno dispuso esta medida y establece que la Policía mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
En el caso de la región Puno, donde se han producido las más violentas protestas, las Fuerzas Armadas serán las encargadas de resguardar el orden interno, además, se establece la inmovilidad social obligatoria de las 8 de la noche a las 4 de madrugada.
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