
La decisión se confirmó en una reciente conferencia de prensa en la que, a diferencia de ocasiones anteriores, los gremios más representativos del sector transporte mostraron una posición común. El paro inicialmente previsto para el jueves 15 fue reprogramado para este miércoles 14 de enero y promete afectar seriamente la movilidad en Lima y el Callao.
Según informó Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, más de 22 mil unidades entre buses, cústers y combis dejarán de operar durante 24 horas consecutivas. La medida, explicó, responde al malestar acumulado de conductores y empresarios ante la falta de resultados concretos frente a la ola de extorsiones.

Ojeda precisó que la protesta surge por la ausencia de avances en la reglamentación de la Ley 32490, vinculada a la seguridad ciudadana y al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “A los conductores no los podemos parar simplemente con un compromiso”, señaló.
El dirigente subrayó que el paro no responde a intereses políticos ni busca el reemplazo de autoridades. Según indicó, el objetivo central es exigir respeto a los derechos de los trabajadores del transporte y de los usuarios que a diario se ven expuestos a amenazas y ataques.
UNA MEDIDA DE RECLAMO, NO POLÍTICA
Durante la misma conferencia, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, afirmó que el 100 % de las empresas formales están involucradas en la convocatoria. Esto implica que miles de unidades no saldrán a trabajar durante la jornada de protesta.
“Esta es una medida de reclamo, de invocación, de jalón de orejas, de lo que quiera llamarle, menos político”, sostuvo Vargas. Añadió que han solicitado al Ejecutivo la reglamentación inmediata de la ley y claridad sobre quiénes estarán a cargo de la nueva unidad de élite en seguridad ciudadana.
Los representantes aclararon que cada empresa tiene libertad para sumarse o no a la paralización, siempre dentro de un marco de respeto. Sin embargo, la expectativa es que la afectación sea significativa en los principales conos de Lima y en buena parte del Callao.
Ojeda insistió en que las manifestaciones serán pacíficas y que el presidente José Jerí fue informado de la naturaleza no confrontacional de la medida. “Acá no estamos en un nuevo conflicto como el que estamos viendo entre los extorsionadores y el ciudadano”, afirmó.
Los gremios describieron la situación como “una olla a presión”, marcada por el cansancio de conductores y usuarios frente al deterioro de la seguridad. En ese contexto, reiteraron que esperan una respuesta pronta del Ejecutivo.

FECHA ÚNICA Y SUSPENSIÓN MASIVA
La definición de la fecha no fue inmediata. En un inicio, la Coordinadora planteaba el martes 13 de enero, mientras que Transportes Unidos apostaba por el jueves 15. Tras conversaciones de última hora, ambas partes coincidieron en evitar la dispersión y optaron por una sola jornada de paralización.
“No es el día 13, no es el día 15. Sería el día 14 o el día 16”, había adelantado Vargas días antes. Finalmente, la plataforma única quedó fijada para este miércoles 14 de enero.
A la protesta se sumó la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú). Su presidente, Julio Rau Rau, anunció la suspensión total del servicio y el envío de una comisión al Congreso. “Los delincuentes han vuelto a atacar, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao”, declaró.

Los gremios exigen mayor presencia policial, acciones sostenidas contra la extorsión y garantías reales para operar sin amenazas. Según Ojeda, alrededor del 80 % del sector transportista paga cupos diarios de entre 10 y 30 soles a organizaciones criminales.
Pese a los diálogos sostenidos en las últimas 48 horas con el Ejecutivo, los dirigentes ratificaron la medida. Ojeda confirmó que entre 320 y 340 empresas participarán en el paro, lo que equivale a entre 20 mil y 22 mil unidades fuera de circulación durante todo el miércoles.
Con este escenario, Lima y Callao se preparan para una jornada compleja. Los transportistas aseguran que no darán nuevos plazos al Estado y advierten que, si no hay respuestas inmediatas, podrían adoptar nuevas medidas de presión frente a una crisis que consideran insostenible.
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