SÍ HABRÁ PARO. A pesar de que el Ministerio del Interior informó el último domingo que los transportistas nacionales no acatarán el paro anunciado para este miércoles 23 de octubre, algunos gremios de transporte público informal, bodegueros, comerciantes, estudiantes y población en general, se unirán a la medida de 24 horas para exigir mayores medidas de seguridad para frenar las extorsiones que han tomado la ciudad.
Según información del diario ‘El Comercio’, las concentraciones se realizarán en diversos distritos de la capital, desde la mañana, para luego trasladarse hasta la Plaza Dos de Mayo al promediar el mediodía. Ahí, una vez reunidos, marcharán por las calles del centro histórico de Lima hasta los exteriores del Congreso de la República para expresar sus pedidos.
La Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial está a cargo de la organización del paro, que se proyecta durará 24 horas. No obstante, no se descarta que se extienda con marchas escalonadas. De acuerdo a la información compartida, más de 200 asociaciones afectadas por la extorsión y sicariato en todo el Perú, participarán en la movilización convocada.
Los pedidos exactos contemplan: el incremento de efectivos policiales en paraderos y rutas de todos los vehículos de transporte público, el mejoramiento de la seguridad para los comercios, escuelas, y otros espacios públicos, mayores penas para delitos como el sicariato, la derogatoria de la Ley 32108, entre otros.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, declaró a ‘El Comercio’ que la organización del paro se ha logrado luego de varias reuniones. “Hemos hecho el contacto correspondiente con todos los gremios: mercados, universitarios, amas de casa, sociedad civil. Seguimos en intensa articulación para marchar pacíficamente en diferentes puntos de Lima y Callao”, dijo.
El vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano también señaló que el sector que él representa se sumará al paro programado para el miércoles 23 tras ver “inacción” por parte del poder Ejecutivo y Legislativo para luchar contra las extorsiones y el sicariato que afecta a la población en general.
“Nuestra propuesta sigue en pie, que se derogue la Ley 32108 [...] Nos uniremos a la marcha pacífica, sin perjuicio alguno”, expresó el vocero de Anitra, quien también indicó que aproximadamente 20.000 unidades de transporte público no circularán por el paro.
Un representante del sector transporte, quien decidió mantener su identidad en reserva, señaló que el paro es una actividad politizada por los organizadores quienes además de pedir soluciones ante la inseguridad ciudadana, también estarían buscando la formalización del taxi colectivo, además de otros beneficios para ese gremio. “Están pidiendo permiso para que ellos puedan laborar como autorizados”, reveló a El Comercio.
En declaraciones a este diario, Walter Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), rechazó que los fines del paro sean políticos y destacó que están buscando garantías para poder trabajar en un contexto crítico de inseguridad ciudadana. Remarcó que la marcha central saldrá desde la Plaza Dos de Mayo y se dirigirá al Congreso de la República.
La tarde del domingo, el Ministerio del Interior anunció a través de sus redes oficiales que los transportistas formales no acatarán al paro. En la publicación se informó que el ministro Juan José Santiváñez se reunió con altos mandos de la Policía Nacional del Perú y representantes del gremio de transporte formal para coordinar alternativas de solución contra la extorsión que se darán a conocer en los próximos días.
Sin embargo, dirigentes de diversos gremios indicaron que el Ministerio del Interior se ha reunido solo con dirigentes que no tenían planeado paralizar sus operaciones esta semana, sino el próximo martes 12 de noviembre.
“Ellos son los que están moviendo el paro del 12 de noviembre, que solo quieren la modificación de la Ley 32108 (Ley contra el crimen organizado) y no su derogación, como lo pide el pueblo. Ellos están alineados a los intereses del Congreso y del Ejecutivo”, declaró Richard Bernachea Villanueva, de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú, al portal Infobae.
De acuerdo a la información compartida, más de 200 asociaciones afectadas por la extorsión y sicariato en todo el Perú, participarán en movilización convocada, destacando entre ellas las siguientes:
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