La decisión llegó al cumplirse el plazo. Los ocho militares y tres civiles detenidos por la muerte de cinco jóvenes en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica, quedaron en libertad luego de que el Ministerio Público no solicitara una medida adicional tras las 48 horas de detención por flagrancia.
La medida, lejos de cerrar el episodio, ha reavivado las dudas en torno a lo ocurrido el 25 de abril en la carretera Colcabamba–Ayacucho, donde una intervención militar terminó con cinco personas fallecidas y dos heridas.
El caso, desde entonces, avanza entre diligencias inconclusas, cuestionamientos legales y versiones que no coinciden. Mientras tanto, los implicados continuarán el proceso en libertad, en condición de citados.
Desde la defensa de las víctimas, la decisión no pasó desapercibida. El abogado Anthony Crespo señaló que la disposición fue conocida de manera extraoficial y cuestionó que no se haya solicitado una detención preliminar por siete días dentro del plazo legal.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja mantiene abierta una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado contra los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.
Las diligencias incluyen pericias balísticas, pruebas de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo intervenido. Sin embargo, al momento de la liberación, estos procedimientos aún no habían concluido.
Esa falta de resultados preliminares impidió establecer responsabilidades individuales en el corto plazo, lo que terminó por definir la situación legal de los detenidos.
En paralelo, la Fiscalía continuará con la recopilación de pruebas mientras los investigados enfrentan el proceso en libertad, en medio de un escenario que aún no ofrece certezas.
Sobre lo ocurrido en el operativo, las versiones son distintas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostiene que los militares actuaron en legítima defensa frente a un presunto ataque vinculado a actividades de narcotráfico.
Un testimonio recogido en la investigación señala que uno de los ocupantes del vehículo habría transportado droga y que la unidad no se detuvo ante la orden militar, lo que habría desencadenado los disparos.
Sin embargo, esta versión es rechazada por la defensa de las víctimas. Según sostienen, en la escena no se hallaron armas ni sustancias ilícitas, lo que debilita la hipótesis de un enfrentamiento.
Los familiares, además, aseguran que los fallecidos eran jóvenes que se dirigían a un campeonato de fútbol de la Copa Perú. Esta versión es respaldada por el alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar.
El burgomaestre también cuestionó el operativo al señalar que los militares habrían colocado piedras en la vía para obligar a los vehículos a detenerse, una práctica que, según indicó, suele estar asociada a asaltos en la zona.
Incluso, puso en duda que se tratara de una intervención formal, al considerar que no se desplegó el número de efectivos que habitualmente participa en este tipo de operativos.
En medio de estas contradicciones, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que una de las personas fallecidas habría ingresado al país de manera irregular y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas.
El caso permanece abierto y con varias líneas en evaluación. La audiencia y las diligencias en curso serán determinantes para establecer responsabilidades en un episodio que, hasta ahora, sigue marcado por más preguntas que respuestas.
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