Nueve presuntos miembros de una red que solicitaba hasta S/ 82 mil por ingresar a un paciente grave con COVID-19 al área UCI del Hospital Guillermo Almenara fueron detenidos en las últimas horas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio. Conoce aquí quiénes son y cómo operaba la hoy conocida “Mafia Almenara.
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Según la Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esta organización criminal estaría integrada por el coordinador de la Red de Salud Almenara, Pedro Pino Gonzales, y por Nery Magali Ochoa Menacho, coordinadora de Extensión y Cobertura de la Oficina de Atención de Hospitalización.
El operativo de allanamiento, descerraje, registro domiciliario y detención preliminar por siete días contó con el apoyo de la Policía Nacional.
De acuerdo a la resolución judicial que dispone la detención preliminar por pedido de la fiscalía, el denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, habría ingresado a su hermano por el área de emergencias del hospital Almenara con diagnóstico de COVID-19 el 1 de marzo de este año.
Según el documento, los médicos le habían señalado que debía ser trasladado a una cama UCE (Unidad de Cuidados Especiales) debido a que no había disponibilidad de camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).
Fue entonces que una conocida lo contacta con la ahora detenida Iraida Vanessa Muñoz, quien se presentaba como enfermera en su perfil de WhatsApp. Ella a su vez lo contacta con Ana Cecilia Aróstegui Girano, quien se ofreció a ayudarlo presentándose como una persona “con mucha influencia” y que “conocía a todo el aparato administrativo”, debido a que perteneció a la ONG Donantes de Esperanza.
En un inicio Aróstegui le habría solicitado al agraviado “la suma de S/ 85 mil soles para que su hermano sea trasladado a una cama UCE o UCI”. Y a fin de presionarlo le indicó que había cinco familias en su misma situación. Finalmente esta bajó el monto solicitado a S/ 82 mil.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el primer desembolso fue de S/ 35 mil, depositado a la cuenta del detenido Sebastián Bazalar Aróstegui, hijo de Ana, a fin de no alertar al sistema financiero como transacción sospechosa.
Tras ese pago, relató el denunciado, Aróstegui le envía la captura de un presunto reporte médico donde se leía “paciente pasa a UCE 2”.
“Ya está, ahora con fe y pendiente de él. Mañana en la mañana te paso informes”, le escribió.
“Los médicos del Almenara son buenos y está bien recomendado, lo más difícil ya se hizo (...) ahí le piden UCE en su historia”, fue otro de los mensajes.
Dicho traslado fue corroborado por la fiscalía con un reporte médico, advirtiendo que dicho traslado se habría generado “pese a existir otras personas en lista de espera”.
No obstante, el agraviado señala que el ofrecimiento de Aróstegui fue el traslado de su hermano a una cama UCI, con enfermero las 24 horas y ventilador mecánico a su disposición.
La resolución judicial también refiere que Aróstegui hizo una transferencia de S/ 24 mil a favor de otro de los detenidos, Piero Pino Carmona, hijo de Pedro Pino, coordinador de la Red de Salud Almenara. “Monto que sería entregado como primer donativo a dicho servidor público”. La segunda transferencia a favor de este fue de S/ 29 mil.
Desde la cuenta de Sebastián Bazalar también se hicieron transferencia a las cuentas de su propia madre y del esposo de Iradia Vanessa Muñoz “por el apoyo prestado”.
Posteriormente el denunciante les hizo una segunda transferencia con los S/47 mil restantes el pasado 12 de marzo, a pedido de Iradia Vanessa Muñoz.
La fiscalía también ha registrado transferencias de Pedro Pino, a través de la cuenta de su hijo, a Vanessa Recuenco por S/ 27 mil, quien sería hija de la funcionaria Nery Magali Ochoa.
El hermano del agraviado falleció finalmente en la madrugada del 18 de marzo pasado, víctima del COVID-19, sin haber ingresado a una cama UCI.
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