La Agencia de Noticias AP en un informe reveló que centenares de fallecidos por COVID-19 fueron enterrados en secreto en un descampado de Iquitos (Loreto). Según la citada agencia, las autoridades aprobaron las inhumaciones, pero nunca avisaron a los familiares.
En el extenso informe, la agencia narró que decenas de familiares creían que los muertos estaban en un cementerio local; además, calificó el caso como el primero en Latinoamérica donde las autoridades ocultan el destino de las víctimas del virus. “Las familias dijeron a la AP que al menos 403 muertos fueron enterrados en aquel lugar”, indicó AP.
En marzo, el gobierno nacional ordenó cremar a todos los fallecidos por el virus, en una de las más estrictas normas de su tipo en Latinoamérica. Pero ante el colapso de varios hornos crematorios, la norma se modificó en abril permitiendo los entierros y que al menos cinco familiares pudieran asistir.
Según informó AP, el 1 de junio la portada del diario La Región removió Iquitos: ‘Muertos sin nombre y sin tumba propia’, “La historia citaba a un anónimo residente que dijo que al menos 330 cadáveres de fallecidos por COVID-19 habían sido enterrados presuntamente en una fosa común cerca del cementerio de San Juan”, precisó la agencia.
Un día después de la publicación, medio millar de familiares llegaron hasta el descampado donde supuestamente estaban enterrados sus esposos, esposas, hermanos, hermanas e hijos.
El mencionado informe también dio a conocer que un guardián del lugar relató que ayudó a descargar los cuerpos de un camión de la Marina de Guerra y a colocarlos en los huecos excavados sobre la tierra rojiza.
“Enterrábamos a 30, 40, un día a 50, los muertos estaban en bolsas negras, entre cuatro agarrábamos de cada punta, si pesaba más lo cargábamos entre seis”, aseguró el hombre de 42 años a AP.
La AP habló con otras tres personas que confirmaron el relato de Torres, incluida una que participó en la operación con él. Todos prefirieron no ser citados.
“Diez días después de conocida la historia, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, firmó un documento comprometiéndose a exhumar los cuerpos. Nueve meses después, no ha ocurrido nada”, comunicó AP.
Para el citado medio, Ochoa dijo a una comisión en el Parlamento que no se trataba de una fosa común, sino de un nuevo “cementerio COVID” construido en cuatro días porque “de la noche a la mañana el crecimiento de los fallecidos fue violento”.
También aseguró que había una lista de los lugares donde se había colocado cada cuerpo, y que las autoridades tenían la intención de dar la información a las familias.
“Pero Ochoa no explicó por qué se había enterrado de forma clandestina, mintiendo a los deudos y rompiendo la ley. La AP dejó mensajes en su oficina, pero no obtuvo respuestas”, detalló.
También se precisó que el lugar de entierro es más grande que cuatro campos de fútbol y tras ser descubierto por primera vez, el terreno había sido aplanado, sin dejar señales de que hubiera cuerpos debajo.
Las familias demandaron al gobierno local para obligarles a recuperar los restos, pero un juez falló a favor de las autoridades, diciendo que la ley establece la exhumación un año y un día después del entierro. Las familias han apelado la sentencia porque la norma fue modificada en 2018 y sí es posible la exhumación, según el abogado de los deudos, Pedro Casuso.
“En medio de la disputa legal, algunas familias van todos los sábados a visitar a sus muertos... Una mañana reciente la AP acompañó a varios familiares que visitaban la zona de entierro. La vegetación cumple la función de muro en los contornos y los deudos han adornado algunas tumbas con cruces, fotografías y paraguas para que ‘las almas no sean mojadas por la lluvia’’”, finalizó la agencia en el detallado informe.
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