Luego de conocer que algunos trabajadores de cinco municipalidades del país fueron incluidos en el padrón de beneficiarios para la entrega del bono de S/380, destinado a los más pobres para que puedan paliar el COVID-19, la Defensoría del Pueblo intervino estas para exigir la investigación y sanción de los responsables.
El primer caso de entrega irregular de bonos se reportó en la Municipalidad Distrital de Ascensión, en la región Huancavelica. El segundo caso fue conocido en la Municipalidad Provincial de Tumbes, e involucra a una funcionaria que aún no habría llegado a cobrar el beneficio.
El tercer caso se reportó en la región Áncash, específicamente en la Municipalidad Distrital de Pallasca, en donde la responsable del Sistema de Fiscalización de Hogares (Sisfoh), ente adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, habría sido incluida en dicho padrón.
El cuarto caso se dio en La Libertad, donde se conoció que tres trabajadoras de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, figurarían en el padrón. El quinto caso se ubica en la región Piura e involucra a cuatro trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chancaque, en la provincia de Huancabamba.
Ante esto, la Defensoría exhortó a los alcaldes a realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables de incluir a trabajadores municipales en los padrones de beneficiados.
El Gobierno transfirió recientemente S/ 213 millones a los 1,874 gobiernos locales del país para adquirir y distribuir bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar para las personas en condición de vulnerabilidad.
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