La Fiscalía Transitoria de Lavado de Activos de Cusco, sostuvo en juicio oral su acusación contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Juan Olivera, así como contra su exjefe de Personal Arturo Silva y otros tres implicados, por la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, consiguiendo que el juzgado ordene 10 años de pena privativa de libertad, pena de días multa y el pago de 500 mil soles en forma solidaria por reparación civil.
Durante el debate probatorio el Ministerio Público, demostró cómo durante el periodo edilicio 2011-2014, se evidenciaron actos de lavado de activos provenientes de actividades vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios por la existencia de contrataciones irregulares, se acreditó la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en consecuencia un incrementando en su patrimonio, advirtiéndose la participación que personas familiares y allegados en estos actos de lavado de activos.
La pericia contable oficial evidenció la existencia un desbalance patrimonial para los acusados, así como se acreditó que las adquisiciones de los bienes cuestionados no se encuentran justificadas.
Ante la contundencia de los elementos probatorios desplegados en la etapa del juzgamiento, se logró también que se dicte la sentencia condenatoria de ocho años de pena privativa de libertad efectiva contra: Liliana Pérez, Luis Cjuiro y Basilia Bolaños, respecto de quienes la pena se encuentra suspendida de manera provisional hasta que la sentencia quede consentida.
En Cusco el exalcade y su exjefe de personal actualmente cumplen sentencia por delitos de corrupción de funcionarios, siendo que sus nuevas penas serán cumplidas consecutivamente.
DE ALCALDE A PRESO: ¿QUIÉN ES JUAN OLIVERA?
Juan Eudes Olivera Ricalde, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba (Cusco) entre 2011 y 2014, pasó de dirigir una comuna a convertirse en uno de los casos más emblemáticos de corrupción municipal en la provincia de La Convención. Tras permanecer varios años prófugo e integrar el programa de recompensas de los más buscados del país, fue capturado por la Policía en el Cercado de Cusco, en mayo de 2018.
Entre las condenas que enfrenta figura una pena de ocho años de prisión por peculado doloso, luego de comprobarse que autorizó el desembolso de fondos públicos para la construcción de un puente en el sector Lechemayo que nunca existió, caso conocido como el ‘Puente Fantasma’.
Además, el Poder Judicial le impuso 10 años de cárcel por lavado de activos, al acreditarse un millonario desbalance patrimonial que, según la investigación, intentó ocultar mediante la adquisición de bienes a nombre de familiares y terceros.
Actualmente, Olivera Ricalde cumple sus condenas en el penal de Quencoro y mantiene una deuda por concepto de reparación civil que supera el medio millón de soles a favor del Estado peruano.
Contenido GEC