El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, afrontará 18 meses de prisión preventiva por decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La medida también alcanza a su esposa, Elionora Yntusca Janampa, mientras la Fiscalía investiga una presunta organización criminal que habría manipulado contrataciones, influido en decisiones judiciales y ejercido presión sobre magistrados dentro del sistema de justicia.
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La resolución responde al pedido formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que atribuye a Tinco Luján presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En el caso de su esposa, la hipótesis fiscal sostiene que habría ejercido influencia sobre el entonces presidente de la Corte para favorecer la contratación de servidores públicos.
Magistrado José Tinco Luján y su cónyuge, Elionora Yntusca Janampa, investigados por presunto tráfico de influencias.
El juez supremo Juan Carlos Checkley consideró que existía peligro de obstaculización de la investigación, elemento que resultó determinante para imponer la medida coercitiva. Además, la Fiscalía señaló que habría existido un intento de fuga por parte del exmagistrado.
Durante la audiencia, José Alberto Tinco Luján alegó tener un problema de salud para evitar su internamiento. Sin embargo, el magistrado indicó que un informe médico no acreditaba la recurrencia de la enfermedad invocada por el investigado.
LA INVESTIGACIÓN APUNTA A UNA PRESUNTA RED
El caso se remonta al megaoperativo ejecutado el pasado 2 de julio, cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a Tinco Luján, a su esposa y a otros funcionarios judiciales.
Las diligencias incluyeron 21 allanamientos en sedes judiciales y viviendas ubicadas en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno. Según la investigación fiscal, estas acciones permitieron intervenir a los presuntos integrantes de una organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, integrada, presuntamente, por funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, esta presunta organización habría intervenido en al menos catorce hechos investigados. Entre ellos figuran supuestas presiones contra magistrados para influir en resoluciones judiciales, designaciones irregulares de jueces supernumerarios y contrataciones de personal administrativo sin cumplir los requisitos establecidos.
La investigación también comprende a Alexander Puma Valer, coordinador de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Apurímac, para quien se dictaron doce meses de prisión preventiva. En cambio, Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos continuarán afrontando el proceso en libertad.
Agentes de la Dircocor ejecutaron 21 allanamientos en sedes judiciales y viviendas de los investigados en cuatro regiones. Foto: Andina.
CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS
El Poder Judicial informó la decisión a través de sus canales oficiales al señalar: “Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordena 18 meses de prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján y su esposa Elionora Yntusca Janampa, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y otros. En el caso de Alexander Puma Valer dispone doce meses de prisión preventiva, mientras que para Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos se ordena que sigan la investigación en libertad”.
Además de los principales investigados, otras 25 personas también son investigadas por los presuntos delitos de organización criminal y por nombramiento, designación, contratación o aceptación ilegal de cargo. Según la Fiscalía, estas personas habrían sido incorporadas irregularmente a la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
Las pesquisas continúan bajo la conducción de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que sigue recopilando elementos de prueba para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.
Tras las detenciones, el Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por los hechos investigados y manifestó su respaldo a las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción. Asimismo, exhortó a que el proceso continúe “con celeridad, independencia y respeto al debido proceso”, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades que correspondan dentro del caso.
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